El deporte español, en jaque por un entramado de escándalos destapados en la agencia española antidopaje

El deporte español está en jaque a tan sólo siete meses de los Juegos Olímpicos de París. Los escándalos destapados por Relevo que rodean a la agencia española antidopaje, conocida con el nombre de CELAD (Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte), han dejado en evidencia la política antidopaje nacional de los últimos años y a nuestros deportistas, uno de las generaciones con más talento, desprovistos para competir de forma segura y justa.

Según su propia descripción, la CELAD es el organismo público, adscrito al Ministerio de Deportes y dependiente del CSD (Consejo Superior de Deportes), con competencias en la política deportiva a través del cual se elaboran y ejecutan las políticas de lucha contra el dopaje. Le corresponde, por tanto, la planificación y realización de los controles, la tramitación de los resultados y las resolución de los expedientes sancionadores.

La teoría está clara, pero la práctica dice todo lo contrario. La agencia encargada de perseguir el dopaje en España acumula varios expedientes por positivos sin sancionar en los últimos años y, además, su gestión ha quedado en entredicho porque conocía la realización irregular de numerosos controles de dopaje hechos por un sólo agente (hasta que en noviembre de 2023 se reguló al fin la nueva ley), y por tanto, nulos para sancionar a deportistas. Y lo que es peor, España los pagó con fondos públicos a pesar de conocer la anomalía. Han sido nueve noticias en Relevo en apenas diez días que trataremos de resumir. Vayamos paso a paso.

El caso de la maratoniana fue el primero que desveló este medio allá por el mes de julio. Tras dar positivo el 8 de noviembre de 2020 en la carrera de 10 kilómetros en ruta del Laufszene Invitational Run en Dresde, Alemania, a la atleta recién nacionalizada se le ofreció la posibilidad de solicitar una AUT (Autorización de Uso Retroactivo) para "cubrir" el positivo, según rezaba la comunicación de la CELAD.

Maayouf presentó la documentación y se le otorgó el permiso a posteriori con una retroactividad de seis meses, hasta marzo de 2021, lo que no abarcaría la fecha del control de dopaje donde dio positivo por terbutalina. Cuando Relevo alertó a la CELAD de lo que ocurría, la explicación fue un error administrativo. Entonces alegaron que la AUT no era de seis meses de retroactividad, sino de 18, hasta marzo de 2020, y por tanto sí cubriría el control de dopaje. Algo que tampoco se ajustaría a los criterios de concesión de las AUT, diseñados para circunstancias excepcionales.

Sin embargo, la "nueva" AUT nunca fue acreditada -ni por la atleta ni por la CELAD- con ningún documento oficial, debidamente firmado por Juan José Muñoz Benito, presidente del Comité de Autorizaciones de Uso Retroactivo. Tampoco se entendería cómo, pudiendo solicitar el permiso con anterioridad al tener esa prescripción médica que alegó la atleta, lo hizo justo después del resultado adverso en Alemania.

El caso del velocista, destapado por eldiario.es, directamente quedó en el "cajón" de la CELAD. Sólo una denuncia anónima presentada en el Ministerio obligó a Antidopaje a iniciar el procedimiento en noviembre de 2023. Chinedu dio positivo por anabolizantes y no recibió sanción alguna. En este caso, la CELAD no llegó a abrir expediente, nunca sancionó al deportista y por lo tanto le permitió seguir compitiendo. 

Como prueba un documento al que ha podido acceder Relevo, el positivo del control se publicó en el perfil del atleta en el sistema ADAMS, la plataforma informática de la Agencia Mundial Antidopaje para el seguimiento de los deportistas y cumplimiento de la normativa antidopaje, y a pesar de ello, el máximo organismo internacional antidopaje no actuó para que hubiera sanción por parte de la agencia española antidopaje y tampoco prohibió que el atleta siguiera compitiendo hasta este pasado verano. Este expediente quedó en "el cajón" y tampoco nunca vio la luz.

Una de las fórmulas que la investigación de Relevo ha podido confirmar es que ante algunos resultados adversos, la agencia española antidopaje dejó pasar el tiempo máximo que permite la normativa -un año- entre la apertura del expediente y la comunicación al deportista. Eso sí, sin que pareciera un descuido del organismo en la gestión de los expedientes. Así lo confirma un positivo sin sanción de una deportista nacional de esquí náutico en 2019 al que ha tenido acceso este medio.

¿Qué ocurrió con este positivo? Se esperó hasta el día 365 que permite el reglamento para enviar la notificación de la sanción desde que se abriera el expediente. Sin embargo, en lugar de hacerlo de forma telemática, que permite que el envío sea inmediato, se hizo a través del correo postal, por lo que la misiva tardó varios días en llegar a la deportista. De esta manera, cuando recibió la sanción, pudo reclamar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que le dio la razón porque la sanción había sido comunicada fuera del plazo legal y por tanto, quedó libre de castigo. Actuando al filo de la caducidad del expediente, y utilizando el correo postal, es como una de nuestras deportistas sigue compitiendo a pesar de haber dado positivo en tres sustancias prohibidas, lo que altera la justicia deportiva para todas sus adversarias.

Otro capítulo en la lista de positivos no sancionados en España son los correspondientes al Pasaporte Biológico. El propio director de la CELAD, José Luis Terreros, confesó en una entrevista en el diario Marca a principios del año 2022 que sigue habiendo "cinco o seis" casos de Pasaporte Biológico sin sanción. Casi dos años después, todo sigue igual.

Uno de ellos es el que desveló hace unos días este medio: Ainhoa Pinedo. Tras los resultados en su Pasaporte Biológico, a la marchadora se le abrieron inicialmente las diligencias previas a un expediente sancionador por la CELAD en 2019. Posteriormente, dentro de las pautas habituales, la agencia le comunicó el resultado de su pasaporte biológico y le pidió que aportara las explicaciones pertinentes para justificar el resultado.

La respuesta de Ainhoa Pinedo se habría elevado al Panel de Expertos de la Agencia Mundial Antidopaje en Lausana (Suiza), que no debió considerar suficientes sus alegaciones, por lo que indicó a la CELAD la apertura del expediente sancionador. El presidente de la CELAD, José Luis Terreros, inició el 6 de junio de 2019 su expediente sancionador y, curiosamente, lo suspendió el mismo día. Es decir, lo dejó en stand by, pero no lo cerró, por lo que el periodo de caducidad para resolver la sanción quedaría detenido.

La justificación de la CELAD para no resolver el positivo de Ainhoa Pinedo es la incapacidad sancionadora de la agencia a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional por el 'Caso Ibai Salas'. En su resolución, el tribunal español señalaba la incapacidad sancionadora del Pasaporte Biológico en España, porque pese a ser un "eficaz instrumento para la lucha contra el consumo de sustancias dopantes, y su valor como medio o instrumento de prueba podrá resultar de inestimable ayuda", requería de un desarrollo reglamentario que en España no se produjo hasta el Real Decreto de 2023. Es decir, sin regulación, como es lógico, el Pasaporte Biológico no se podía considerar una posibilidad para sancionar, al menos en España.

A pesar de ello, la decisión de abrir el expediente sancionador de Ainhoa Pinedo y suspenderlo en el mismo día se habría tomado en junio de 2019, un año antes de la primera resolución del tribunal español en 2020, y cuatro años antes de la definitiva de 2023.

Aunque José Luis Terreros justifica la ausencia de sanciones en estos casos debido a la falta de reglamentación, lo cierto es que el propio director de la agencia española antidopaje defendía el 14 de octubre de 2021 en un artículo firmado por él mismo en el diario ABC que "el desarrollo reglamentario del pasaporte biológico sería innecesario y podría acarrear serios obstáculos en el cumplimiento del programa mundial antidopaje".

La tardanza de las instituciones españolas para actualizar la Ley de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte de 2017, quizás por la recomendación de la propia CELAD tal y como dejó claro su director en ABC, supuso que hasta 2021 España no tuviera un nuevo reglamento que contemplara con más claridad la competencia sancionadora que reclamaba la Agencia Mundial Antidopaje respecto al pasaporte biológico. Sin embargo, aunque la redacción de la ley se hizo en 2021, fue el pasado mes de noviembre, dos años después, cuando se reguló por Real Decreto. Es decir, cuando la ley se podía aplicar porque, por fin, tenía reglamento.

La agencia española antidopaje no sólo cuenta en su historial con casos positivos sin sancionar, tal y como ha desvelado Relevo. Su director, José Luis Terreros, y el responsable del Departamento de Control de Dopaje, Jesús-Muñoz Guerra, fueron conocedores de que, al menos durante cinco años (de 2017 a 2022) la realización de los controles se hacía, en numerosas ocasiones, con un solo agente -en contra de la normativa española-, y por tanto, permitían la anulación de los resultados positivos detectados.

Más de 30 documentos presentados en una denuncia ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes acreditan que Professional Worldwide Controls, la empresa adjudicataria para la realización de los test, tomó muestras a deportistas con un solo agente de control. Estos actuaban en solitario o bien lo hacían junto a otras personas que, en realidad, no estaban habilitadas administrativamente como tal, lo que suponía el correspondiente ahorro para la compañía. No se pagaría igual a un verdadero agente de control que a una persona sin habilitación administrativa.

Más allá de la inutilidad de la lucha contra el dopaje -el principal mandato de la CELAD- ocultar la irregularidad cometida por la empresa adjudicataria de forma sistemática habría supuesto un perjuicio económico para la agencia española antidopaje (por tanto para las arcas públicas) y un beneficio ilícito para Professional Worldwide Controls. Ahorrar el coste asociado al segundo agente de control requerido por la normativa suponía facturar a la CELAD servicios que en realidad no se podían abonar por incumplimiento de la normativa administrativa.

A día de hoy no se han reclamado a PWC los pagos realizados por los controles irregulares. Esa decisión estaría en manos del CSD para que la agencia española antidopaje pudiera recuperar así los fondos públicos tras los pagos indebidamente abonados. En el comunicado que la Secretaría de Estado para el Deporte lanzaba ayer aseguraron que propondrán una revisión del funcionamiento interno de la CELAD en aras del máximo control y transparencia. Toca esperar.

En plena crisis reputacional de la CELAD, hace tan sólo una semana, la agencia española antidopaje se saltó su propia normativa para favorecer económicamente de nuevo a PWC, la empresa que hizo controles irregulares durante, al menos, cinco años.

En esta ocasión la CELAD adjudicó un contrato basado en su propia Normativa de 2020, aprobada y firmada por su director José Luis Terreros, que fijaba los precios de los controles estimando la necesidad de la presencia de dos agentes titulados. Sin embargo, en noviembre de 2023 el nuevo Real Decreto ya regulaba la nueva ley española de la lucha contra el dopaje que permitía la presencia de sólo uno. ¿Qué ocurre aquí? Que la CELAD pagará los controles de 2024 que se pueden hacer ya con un sólo agente como si se hicieran con dos, con el correspondiente beneficio económico para la empresa adjudicataria, que curiosamente es la misma que hizo numerosos controles irregulares entre 2017 y 2022.

Entonces pagaron los controles como si hubiera dos agentes como reclamaba la ley, cuando muchos se hacían sólo con uno. Y ahora justo lo contrario: pagarán por la realización de los test unos precios fijados en base a la necesidad de dos agentes, cuando ahora sí la ley permite la presencia de uno solo. Pero hay un detalle aún más grave. La agencia española contra el dopaje no sólo pagará durante 2024 los controles a PWC (Professional Worldwide Controls) con un precio de mercado como si los hicieran dos agentes en lugar de uno, sino que también los ha pagado y lo seguirá haciendo en este año por encima del precio público que ellos mismos fijaron en la normativa de 2020.

Es razonable que las empresas que optan a la adjudicación de los contratos obtengan un rendimiento económico por el servicio prestado. Sin embargo, durante el próximo año PWC ingresará un importe superior al precio público de los controles, tanto en los de orina como en los de sangre, que le supondrá un beneficio añadido de más de 40.000 euros.

La gestión de la CELAD en los últimos años con José Luis Terreros al frente desvelada por Relevo ya ha tenido consecuencias directas. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) lanzaba en el día de ayer un comunicado durísimo con el que señalaba directamente "la cooperación y los problemas profundamente arraigados" en la CELAD.

Pero no sólo la CELAD salió salpicada del ataque de la AMA, también el Gobierno español y la legislación contra el dopaje, que tardó años en regularse: "La AMA aún tiene más preguntas para la CELAD y el sistema antidopaje en España, en particular sobre la forma en que se está implementando la Ley Antidopaje de 2021 del país. Si bien la AMA apoyó la aprobación de la legislación, desde entonces se ha hecho evidente que la forma en que se interpreta e implementa la ley no está de acuerdo con los términos del Código Mundial Antidopaje [...] Se han identificado aparentes no conformidades en un real decreto remitido en octubre de 2023 sin consulta previa a la AMA". El Gobierno ya ha pedido la marcha de Terreros y ha matizado que trasladó el pasado 2 de febrero una denuncia a la Fiscalía.

A pesar de tener la denuncia presentada en el Ministerio el día 21 de diciembre, cuando reaccionó el CSD fue a raíz de las publicaciones de este medio, el 27 y 28 de diciembre que desencadenaron la reacción de la Agencia Mundial Antidopaje, el máximo órgano regulador, y la del Gobierno español, que se vio obligado a mover ficha. 

Como muestra de su preocupación, el máximo organismo antidopaje a nivel mundial anunció que había retirado a España la gestión de hasta tres expedientes sancionadores de Pasaporte Biológico y había exigido una resolución a corto plazo sobre otro dos. Por su parte, el CSD anunció que había trasladado a la Fiscalía el pasado 2 de enero un informe a raíz de una denuncia recibida en el Ministerio para que valorara si existen indicios de algún delito en la gestión de la agencia española antidopaje. También comunicó que tanto la Ministra como el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, solicitaban la dimisión de José Luis Terreros, director de la CELAD. Al mismo tiempo habrían convocado al Consejo Rector de la agencia, del que es presidente también Uribes para valorar lo sucedido y tomar decisiones al respecto.

A tan sólo siete meses de la celebración de los JJ.OO de París, la Agencia Mundial Antidopaje podría advertir a España (como ya hizo antes de la cita olímpica en Londres de 2012) que si no soluciona las irregularidades en un plazo corto de tiempo, la situación podría afectar a la participación de nuestros deportistas, uno de los grandes talentos de los que puede presumir nuestro país.

En el caso de los positivos, el comunicado de la AMA -que tampoco cumplió sus advertencias a la CELAD tal y como ha podido confirmar Relevo al tener acceso a una auditoría de 2019 del máximo organismo mundial antidopaje- todo apunta a que los reputarán como positivos no válidos, bien por la ausencia del reglamento en España durante los años en los que los deportistas tuvieron el resultado adverso, bien porque la propia praxis deja sin efectos la capacidad sancionadora del antidopaje español. A efectos legales, se considerarían irregularidades suficientes para no poder sancionar y podrían seguir compitiendo.

Queda por ver qué hará ahora el Ministerio de Deportes sobre la gestión administrativa y la recuperación de fondos públicos indebidamente abonados. También si declarará nulo el nuevo contrato adjudicado a PWC, la empresa de los contratos irregulares entre 2017 y 2022, encargada de realizar los test fuera de competición durante 2024 con unos precios superiores a la propia Normativa de la CELAD. Y lo más importante: si cambiará las estructuras desde la base de la agencia española antidopaje en aras de una justicia deportiva a la altura de nuestro país o se conformará con la salida de José Luis Terreros, el director de la CELAD.