El CSD reacciona y traslada a la Fiscalía la investigación sobre la agencia española antidopaje
Rodríguez Uribes envía a la autoridad fiscal el resultado de la investigación del Ministerio de Deportes tras la denuncia desvelada por Relevo.

José Manuel Rodríguez Uribes, reciente Secretario de Estado para el Deporte, ha reaccionado tras la denuncia presentada en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, desvelada por Relevo hace unos días. Más de 30 documentos que acreditarían la existencia de positivos sin sanción en el deporte español e irregularidades cometidas por PWC, la empresa adjudicataria para la realización de los tests, pagados por fondos públicos, con conocimiento de la propia agencia antidopaje española.
Según confirman desde el Consejo Superior de Deportes a Relevo, Rodríguez Uribes ha tenido conocimiento del resultado de la investigación que se estaba desarrollando en el seno del Ministerio tras la denuncia recibida y ha dado traslado a Fiscalía para que ésta se pronuncie si aprecia indicios racionales de la comisión de algún tipo de delitos. Sobre el tipo de ilegalidades, la Secretaría de Estado para el Deporte ha declinado pronunciarse con el pretexto de proteger la decisión que pudiera tomar en un futuro el ministerio público.
Las mismas fuentes del CSD consultadas por Relevo aseguran que esta decisión cuenta con el visto bueno de la subsecretaría del Ministerio y la aprobación de la abogacía del Estado de la misma cartera. Además, el CSD convocará al consejo rector de la CELAD para informarle de esta decisión en los próximos días. Consejo que está presidido por el propio Rodríguez Uribes, ya que la agencia española antidopaje depende directamente del CSD, y está formado por José Luis Terreros, director de la agencia; Ramón Sánchez Gálvez, secretario de la CELAD y el consejo rector; miembros de diferentes ministerios, representantes de las comunidades autónomas, y Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, en representación de las federaciones deportivas españolas.
Las irregularidades trasladadas por el CSD a la Fiscalía se centran fundamentalmente en dos ámbitos. Por un lado, los fondos públicos pagados por la agencia española antidopaje a PWC, la empresa adjudicataria, para la realización de test que previamente sabían que podrían declararse nulos al realizarse con un sólo agente en lugar de dos como señala la normativa. Esto suponía un beneficio ilícito por parte de la empresa y un perjuicio económico para la agencia española antidopaje, cuyos responsables -José Luis Terreros, director; y Jesús Muñoz-Guerra, responsable del Departamento de Control del Dopaje (DCD)- eran conocedores de la irregularidad y a pesar de ello no reclamaron los importes abonados y siguieron adjudicando a la misma compañía nuevos contratos.
Por otro lado, estarían los positivos sin sancionar a los que tuvo acceso Relevo tras meses de investigación: Majida Maayouf, con una Autorización de Uso Terapéutico que no cubriría el positivo; el caso de una deportista de esquí náutico, que no pudo ser sancionada porque la CELAD agotó la caducidad en el plazo de comunicación de la sanción; o Patrick Chinedu Ike -adelantado por eldiario.es-, que directamente quedó en "un cajón". A esto habría que añadir los casos positivos por pasaporte biológico que aún siguen sin sanción en el limbo legal español después de varios años.
Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía tras pasar puntualmente por el CSD, que prefiere dejar en manos del ministerio fiscal la decisión sobre si la CELAD habría cometido algún tipo de delito. El ministerio público tendría hasta seis meses para pronunciarse al respecto y decidir si presenta algún tipo de denuncia por las irregularidades o archiva el caso. Por su parte, la Agencia Mundial Antidopaje ya se ha pronunciado: El máximo organismo internacional, ahora sí, ya investiga a España y amenaza con sanciones.
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