DOPAJE

Expediente CELAD: La Agencia española antidopaje pagó controles irregulares durante cinco años

La situación anómala se prolongó entre, al menos, 2017 y 2022 a pesar de que la agencia conocía que los test antidopaje no se hacían bajo la normativa vigente.

José Luis Terreros, presidente de la CELAD, en su llegada al cargo en 2017. /EFE
José Luis Terreros, presidente de la CELAD, en su llegada al cargo en 2017. EFE
Natalia Torrente
José M. Amorós

Natalia Torrente y José M. Amorós

La agencia española antidopaje habría abonado con fondos públicos, durante al menos cinco años, tomas de muestras irregulares en los test antidopaje. Tanto su director, José Luis Terreros, como Jesús Muñoz-Guerra, responsable del Departamento de Control del Dopaje, eran conocedores de que la realización de los controles se hacía, en numerosas ocasiones, con un solo agente -en contra de la normativa española-, y por tanto, permitían la anulación de los resultados positivos detectados.

Más de 30 documentos presentados ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes acreditan que Professional Worldwid Controls, la empresa adjudicataria para la realización de los tests, tomó muestras a deportistas con un solo agente de control. Estos actuaban en solitario o bien lo hacían junto a otras personas que, en realidad, no estaban habilitadas administrativamente como tal, lo que suponía el correspondiente ahorro para la compañía adjudicataria. No se pagaría igual a un verdadero agente de control que a una persona sin habilitación administrativa.

Tras meses de investigación, Relevo ha podido acceder a numerosa documentación que acreditaría que PWC habría requerido a los agentes de control ir solos a determinadas "misiones" - así se denomina técnicamente a la toma de muestras- especialmente si eran fuera de competición, bajo la confianza aparente de que Muñoz-Guerra, el responsable de aprobarlas, pasaría por alto esta irregularidad. Lo que acreditaría la intención con la que la empresa adjudicataria habría llevado a cabo esta práctica.

Tanto José Luis Terreros como Jesús Muñoz-Guerra conocerían, al menos desde 2017 a 2022, que la realización de controles antidopaje con un solo agente permitía la anulación de los positivos detectados. Más allá de la inutilidad de la lucha contra el dopaje, ocultar la irregularidad cometida por la empresa adjudicataria de forma sistemática habría supuesto un perjuicio económico para la agencia española antidopaje (CELAD, Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte) y un beneficio ilícito para Professional Worldwide Controls. Ahorrar el coste asociado al segundo agente de control requerido por la normativa suponía facturar a la CELAD servicios que en realidad no se podían abonar por incumplimiento de la normativa administrativa. Tanto en materia de control del dopaje como del propio contrato de adjudicación, ya que los efectos sancionadores resultarían inútiles tan pronto como esta irregularidad fuera detectada.

Professional Wordlwide Controls habría incluido múltiples controles realizados con un solo agente de control en sus facturas mensuales como si hubiesen sido realizados regularmente. Facturas que, durante varios años, no habrían sido revisadas ni por José Luis Terreros ni por Jesús Muñoz-Guerra a pesar de conocer esta práctica irregular desde 2017. Y lo que es más grave, la mala praxis llevada a cabo por PWC permitía la anulación de los positivos detectados durante los trámites de revisión implantados por la propia CELAD, responsabilidad del Departamento de Control del Dopaje, con Muñoz-Guerra al frente.

Las auditorías internas para la detección de irregularidades, ignoradas

Agustín González, secretario general de la CELAD en 2021, llevó a cabo una serie de auditorías internas al ser conocedor de las posibles irregularidades que se venían cometiendo desde 2017, pues era la Secretaría General de la agencia desde donde se abonaban las facturas giradas mensualmente a PWC con fondos públicos procedentes de la agencia española antidopaje.

Ante los resultados de la investigación, Agustín González alertó a Muñoz-Guerra de un problema con una serie de controles facturados por Professional Worldwide Controls en enero, febrero, marzo y abril de 2021: "Se pagaron entonces y si ahora hay un positivo, el lío va a ser gordo". En ese momento se hizo evidente que los controles irregulares, a pesar de conocerse por la CELAD desde 2017, se estaban abonando sin ningún control en perjuicio de los fondos públicos de la agencia, dependiente del Consejo Superior de Deportes. "No podemos tolerar más tomaduras de pelo ni pagar controles que, además, nos puedan meter en un lío", decía el entonces secretario. La empresa llegó incluso a ser apercibida por Agustín González por incumplir con sus obligaciones en la realización de los servicios de control adjudicados pues la diferencia de facturación entre los meses no auditados y los supervisados era relevante.

¿Qué ocurrió entonces? Ante la imposibilidad de controlar los fondos públicos de la CELAD Agustín González cesó como secretario general en medio de las auditorías y fue sustituido en el cargo por Ramón Sánchez, un funcionario de la CELAD y, por tanto, subordinado de José Luis Terreros.

Se logró así evitar los controles y auditorías internas que hubieran permitido a la CELAD la recuperación de los fondos públicos transferidos irregularmente durante el periodo 2017-2022 y la sanción pertinente a PWC, que siguió siendo adjudicataria de numerosos contratos para la realización de los controles de dopaje bajo el paraguas de la agencia española. Las auditorías de las facturas abonadas a PWC aún podrían ser realizadas en la actualidad para conocer la cantidad de dinero público irregular transferido.

Muñoz-Guerra, procesado por falsedad documental

Tal y como informó ABC, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha abierto juicio oral contra el director del Departamento de Control del Dopaje de la CELAD, Jesús Muñoz-Guerra y la funcionaria de ese organismo, Coral Fernández, acusados de falsear el expediente de control de sustancias prohibidas realizado a una atleta de fondo y que sirvió para sancionarla.

El documento público al que se refiere la causa corresponde a uno de los casos detectados por el personal del Departamento de Control del Dopaje en el formato de revisión en julio de 2017. Según el análisis de los formularios durante los controles, realizados el 17 de junio de 2017 por Professional Worldwide Controls, no había dos agentes de control, ya que una de las dos personas utilizadas por esta empresa en realidad no disponía de habilitación administrativa alguna.

Uno de los tests realizados ese día tuvo un resultado positivo. Sin embargo, José Luis Terreros no podía abrir expediente disciplinario ya que la propia CELAD detectó una irregularidad en la realización del control que el personal del Departamento de Control del Dopaje dejó constancia en el formulario correspondiente. ¿Qué ocurrió entonces? Se otorgó una nueva revisión a Coral Fernández, que elaboró un segundo formato de revisión en el que se ocultó la irregularidad cometida por la empresa adjudicataria y se verificó, en contra de lo que ya se había comprobado correctamente, que sí había dos agentes en el control. De esta manera, la CELAD podía abrir el correspondiente expediente sancionador ante el positivo de una atleta de fondo y así lo hizo.

Al recibir la sanción, la atleta lo denunció y tras la correspondiente instrucción del caso, Muñoz-Guerra ha sido acusado de dos delitos de falsedad en documento público por el que la acusación particular insta en total a nueve años de cárcel con inhabilitación especial por otros ocho años. Mientras, Fernández está acusada de un solo delito de falsedad y afronta cuatro años y medio de condena. Se les reclama, además, una indemnización de 18.000 euros para la atleta y multas a partir de los 9.000 euros.

Ante lo sucedido, y con dos funcionarios de la CELAD sentados en el banquillo de los acusados, José Luis Terreros no adoptó ni la más mínima medida disciplinaria con Jesús Muñoz-Guerra, alto funcionario de la Comisión Antidopaje, ni con Coral Fernández, encargada de realizar la segunda revisión que habría ocultado la irregularidad cometida que, por tanto impedía sancionar a la deportista a pesar del resultado adverso en el control.

Lejos de apartarlos provisionalmente hasta la resolución del caso, Muñoz-Guerra fue elegido por la Agencia Internacional de Test de dopaje (ITA), bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional (COI) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA/WADA), para ser uno de los cuatro encargados de planificar el reanálisis todos los controles de dopaje realizados durante la disputa de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fernández, por su parte, lidera la formación en prevención del dopaje en el deporte tal y como informan los perfiles de la CELAD en redes sociales. Lo ha hecho en múltiples charlas a selecciones nacionales y federaciones, así como en el programa Deportistas, de TVE.

¿Se puede permitir el mayor organismo antidopaje en España tener a dos de sus funcionarios acusados por falsedad documental? ¿Cuántos positivos habrán sido neutralizados por la irregularidad de PWC en los controles con un solo agente? ¿Por qué se ha consentido, al menos durante cinco años, que se empleen fondos públicos en tests irregulares? ¿Por qué la mala praxis se ha dilatado en el tiempo a pesar del conocimiento, acreditado por la documentación a la que ha tenido acceso este medio, de los responsables de la CELAD? Tras las conclusiones a las que ha llegado Relevo, quedan aún muchas dudas por resolver y una cuestión prioritaria a tan sólo siete meses de los Juegos Olímpicos de París: ¿qué harán las instituciones para ofrecer una imagen menos caótica del deporte español y velar, como es su responsabilidad, por una mayor transparencia que evite que esto vuelva a suceder? ¿Qué hará el Consejo Superior de Deportes, cuyo presidente, José Manuel Uribes, lo es también de la agencia española antidopaje?