La agencia española antidopaje se salta su propia normativa para favorecer a la empresa que hizo controles irregulares

José Luis Terreros, director de la agencia española antidopaje, lo ha vuelto a hacer. Hace tan sólo siete días adjudicó -en plena crisis reputacional de la CELAD- un nuevo contrato para la realización de test a PWC, la empresa que, al menos durante cinco años, tal y como desveló Relevo, hizo numerosos controles de forma irregular. Y además lo hizo saltándose sus propias reglas, algo que favorecería económicamente de nuevo a la empresa adjudicataria. Vayamos paso a paso.

Una normativa de 2020, firmada por el propio Terreros, regula los precios públicos de los controles de dopaje que realiza la agencia española. Es decir, fija cuánto cobra la CELAD por un control de orina, sangre y suero cuando una empresa les solicita la realización de los tests (como el Maratón de Valencia, que este jueves ha roto sus relaciones con la CELAD por las informaciones avanzadas por este medio) y, por tanto, fija también el precio a pagar por cada uno de los controles en las adjudicaciones de contratos a las compañías que pujan por realizarlos.

El pasado mes de noviembre se aprobó el Real Decreto que regula, al fin, la Ley de la lucha contra el dopaje en el deporte. El nuevo reglamento establece, ahora sí, en su artículo 29, que "el equipo de recogida de muestras podrá estar constituido por solo un o una agente de control de dopaje". Sin embargo, la normativa de la CELAD que fija los precios públicos de los controles es de 2020 -anterior al Real Decreto-. Contemplaba entonces la necesidad de la presencia de dos agentes tal y como exigía el reglamento anterior y, por tanto, establecía el precio en base a dos personas tituladas.

En diferentes adjudicaciones de contratos de la CELAD correspondientes a los últimos dos años, la propia agencia reflejaba explícitamente en las condiciones que se requerían dos agentes de control de dopaje por parte de las empresas adjudicatarias para la realización de los test: "Siempre deberán asistir al control dos agentes habilitados por CELAD, dejándose constancia de ello en el formulario de control de dopaje, siempre y cuando la normativa que aplica no cambie".

¿Qué ocurre con el contrato actual? Que la CELAD, en sus condiciones para la adjudicación del contrato, sabedora de que se estaba trabajando en el nuevo Real Decreto que regularía la ley y que fijaría la posibilidad de que los controles se hicieran en 2023 con un sólo agente, cambió el párrafo de las condiciones. En este caso lo que aparece es "siempre deberán asistir al control el número de agentes habilitados por CELAD que a tales efectos establezca la normativa nacional en vigor".

Sabían que la ley podía cambiar y modificaron ese texto, pero no actualizaron su normativa de 2020 que fijaba los precios públicos de los controles con la necesidad de dos agentes en lugar de uno sólo. Es decir, pagarán en 2024 (que permite la presencia de un sólo agente) el mismo importe que abonaron en 2023 (cuando la presencia de dos personas era obligatoria). La diferencia de tener que hacerlos con un agente en lugar de con dos -sobre lo que se establecieron los precios- conllevaría un beneficio económico considerable para la empresa adjudicataria, que ya obtendría su correspondiente rendimiento monetario por la adjudicación del contrato en sí misma.

Sin embargo, hay un detalle aún más grave. La agencia española contra el dopaje no sólo pagará durante 2024 los controles a PWC (Professional Worldwide Controls) con un precio de mercado como si los hicieran dos agentes en lugar de uno, sino que también los ha pagado y lo seguirá haciendo en este año por encima del precio público que ellos mismos fijaron en la normativa de 2020.

Es razonable que las empresas que optan a la adjudicación de los contratos obtengan un rendimiento económico por el servicio prestado. Sin embargo, durante el próximo año PWC ingresará un importe superior al precio público de los controles, tanto en los de orina como en los de sangre, que le supondrá un beneficio añadido de más de 40.000 euros.

Como todas las grandes licitaciones, los contratos adjudicados a PWC entre 2017 y 2022 -cuando hizo centenares de test de forma irregular con un sólo agente en lugar de dos como exigía la ley- contenían opción de penalidades. Es decir, la posibilidad no sólo de reclamar el dinero correspondiente por los controles irregulares y que la agencia pudiera recuperar los fondos públicos tras los pagos indebidamente abonados, sino opción de resolver el contrato e iniciar un procedimiento de prohibición para contratar en base a la propia Ley de Contratos del Sector Público.

Al ser conocedores de la cantidad de contratos irregulares que la empresa alemana realizó durante cinco años, José Luis Terreros, director de la CELAD, y el responsable del Departamento del Control de Dopaje, Jesús Muñoz-Guerra, podrían haber iniciado el procedimiento de prohibición para contratar a PWC. Un trámite que podría haber requerido una larga auditoría interna sobre el servicio prestado por la empresa alemana pero que hubiera impedido, al menos, la adjudicación de contratos menores.

El nuevo contrato que la CELAD ha adjudicado hace tan sólo unos días a PWC para la toma de muestras fuera de competición durante los próximos doce meses (prorrogable a 12 meses más) podría haberse declarado nulo. La fecha de publicación de los criterios de elegibilidad para las empresas que optasen al contrato -4 de septiembre de 2023- es posterior a la fecha de recepción de las ofertas -29 de agosto de 2023-. ¿Qué significa esto? Pues una cuestión de sentido común. Cualquier empresa que quiera optar a la adjudicación de un contrato público tiene que conocer antes los criterios de elegibilidad y la calificación administrativa de los mismos para preparar sus propuestas antes de presentarlas. Pero en este caso no fue así y por tanto el contrato podría ser anulado.

El acuerdo, firmado el 29 de diciembre -un día después de que Relevo desvelara el pago de controles irregulares durante cinco años a PWC-, establece un importe de adjudicación de 637.900 euros a pesar de que la oferta económica de la compañía alemana era de 558.000 euros. Es decir, el máximo organismo antidopaje español, dependiente del Consejo Superior de Deportes, abonará con fondos públicos 80.000 euros más a la empresa de lo que ésta misma ofertó en su propuesta económica para ganar el concurso ante otra compañía. Dinero que podría reinvertirse en la realización de más controles por parte de PWC, pero también es una práctica que no ha sido habitual, al menos, en anteriores adjudicaciones. Estaríamos ante una cantidad de dinero ya invertido, hipotecado a PWC sin necesidad alguna, en lugar de permanecer en las arcas de la agencia.

5 de enero de 2024. El Gobierno pide, a través de un comunicado, la dimisión de José Luis Terreros, director de la agencia española antidopaje. Sin embargo, antes de conocer siquiera su decisión, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte formalizó en la mañana del lunes 7 de enero el contrato de adjudicación para la realización de los test en 2024 (prorrogable a 2025), por el que la CELAD pagará los test con precios superiores a su propia normativa, que, además, contempla la presencia de dos agentes en lugar de uno -como ya permite la ley tras la aprobación del Real Decreto el pasado mes de noviembre-.

Con esta decisión, el Ministerio, en plena crisis reputacional por la gestión antidopaje en España, formaliza un contrato con el que se abonará a PWC (Professional Worldwide Controls), quien hizo numerosos test de forma irregular desde 2017 a 2022, la realización de los controles del próximo año con un coste superior a la Normativa y que cubrirá unas necesidades que ya el reglamento no contempla, lo que supondría un pago con fondos públicos inútil para la CELAD. Fuentes de la Secretaría de Estado para el Deporte aseguraron a Relevo que la tramitación del contrato no habría pasado por competencias ministeriales, sino quela formalización del mismo es responsabilidad directa de la CELAD.