El Gobierno cede a la presión para salvar al Barça y desata una nueva guerra en el fútbol español: "Es un... porque me lo pide Puigdemont"

A las últimas 48 horas del caso Dani Olmo no les ha faltado de nada: sorpresas, presiones políticas, mentiras, cortes de manga, insultos en un palco, declaraciones institucionales que luego no se cumplen, alegaciones que no se piden... Y, sobre todo, indignación entre todos los clubes del fútbol profesional, menos el Barcelona y el Real Madrid. No había que pedir muchas reacciones a nadie nada más salir el comunicado del Gobierno que salvaba al Barcelona y volvía a permitir la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Llegaban a borbotones, a cada cual más furibunda: "Es una vergüenza", "es un... porque lo pide Puigdemont", "Esquerra y Junts", "esto se va a terminar cargando el control económico"...

La cronología de los hechos arranca (después de meses de irresponsabilidad sin concretar lo necesario para inscribir a sus jugadores) con una noticia que adelanta la Cadena Ser, el pasado martes por la noche: con todo lujo de detalles explican que el Gobierno va a conceder al Barcelona lo que pide. Y, además, clava los tiempos: no podrán jugar el primer partido de la Supercopa, pero sí podrían el segundo. A muchos incluso dentro del Consejo Superior de Deportes esta información les pilla con el pie cambiado. No saben nada y, de hecho, la desmienten: "No, no hay resolución sobre la cautelar, no está decidido". Fueron los primeros sorprendidos... porque la decisión estaba en otra parte.

En esta misma línea se expresó, después, la propia ministra Pilar Alegría, que en la mañana de ayer dejaba claro que la decisión aún no estaba tomada y matizaba, además, que iban a pedir alegaciones tanto a la RFEF como a LaLiga antes de nada. No lo hicieron: apenas unas horas después el CSD hacía público un comunicado concediendo al Barcelona lo que pedían, sin solicitar alegaciones a nadie. Para muchos resulta evidente, esta decisión, se tomó mucho más arriba del CSD, y mucho más arriba, incluso, del Ministerio. Y lo achacan a presiones políticas al más alto nivel por parte de los socios del Gobierno.

El caso es que el Gobierno salvó a Laporta del ridículo que estaba haciendo, y que más tarde él mismo se encargaría de continuar en el palco insultando a gritos. Lo hicieron después de recalcar por activa y por pasiva lo muy elaborada que estaba la petición azulgrana: los ya famosos "52 folios con 60 adjuntos" que, como si fueran un trabajo de fin de curso bien presentado, se argumentaban en una especie de justificación previa gubernamental. Le daba la razón el CSD al conjunto azulgrana con conceptos tales como "posible concurrencia de nulidad de pleno derecho", "perjuicios inmediatos y de difícil reparación", "perjuicio económico y deportivo para el club y los jugadores" y "posibles dañosa los intereses de la selección y competiciones españoles".

El primero en alzar la voz fue el presidente del Athletic, Jon Uriarte: "Es una medida provisional tomada por un órgano político. Estamos a 8 de enero, es alucinante. Nos piden hacer un esfuerzo por crecer, venir a un país lejos de nuestros aficionados y luego vivimos este esperpento". Los demás presidentes y responsables de clubes lo hacían por whatsapp. Todos ellos enfurecidos, menos el Real Madrid que ha evitado pronunciarse en todo este proceso no sólo mediante algún portavoz, sino también con su habitualmente locuaz televisión propia. "Es que van en contra de los principios fundamentales del Derecho", aseguraba uno de los más comedidos.

"Esto es un tema 100% político. No hay nada que argumentar, lo han hecho así porque se lo han pedido al Gobierno sus socios", aseguraba otro, culpando a las servidumbres del Gobierno. Lo mismo que miembros del Partido Popular, como Borja Sémper: "Esta decisión del gobierno, contra la norma y contra el criterio de la Federación y La Liga, es un trato de favor a un club y adultera la competición. Dudo mucho que esta amnistía se hubiera concedido a un club más pequeño".

Ahora, tanto Olmo como Víctor, que no tienen la culpa de nada, podrán jugar al menos hasta que el CSD llegue al fondo de la cuestión. Tienen tres meses como máximo, que es lo que estipula un proceso administrativo como este. Aunque nadie espera que el Gobierno se dé mucha prisa en sacar este tema adelante, visto lo visto. Mientras: lo que manda es esta suspensión cautelar. Contra la que, además, ya no pueden hacer nada... ¿O sí?

No eran pocos los clubes que ayer le pedían a LaLiga buscar alguna opción que defienda la integridad del control económico de la patronal, unas reglas que han elaborado y firmado entre todos. "En cualquier juzgado ordinario podrían conseguir medidas cautelares que dejen en suspenso este politiqueo del CSD", aseguraba uno de ellos. El comunicado posterior de LaLiga sí dejaba entrever que están estudiando esa posibilidad, aunque como el CSD no les envió nada, ni les pidió alegaciones (como dijo la ministra que iban a hacer), tampoco pudieron ser más contundentes a la espera de poder estudiar la resolución.

Sobre la mesa de los clubes queda una preocupación: esta medida del Gobierno a favor del Barcelona lo que en realidad puede llegar a amenazar es todo un sistema de control económico... ¡que el propio Gobierno pidió a los clubes que implantasen! Lo hicieron hace más de una década, para frenar una sangría de deuda que descontrolaba la competición e incluso la ponía en riesgo. Ahora, a causa para muchos de una situación política puntual, permiten que el Barcelona consiga saltarse estos controles después de años estirando las normas, las palancas y las repalancas a su favor. Hay que ver cómo acaba esto ante un tribunal "de verdad", pero lo que hay, ahora mismo, es el inicio de una nueva guerra en el fútbol español: con la RFEF y LaLiga a un lado, y el Gobierno a otro. Justo ahora que, sin Rubiales, se había pacificado la situación por primera vez desde hace 15 años.

Y todavía falta lo peor, el jaleo de verdad está por llegar: el 5 de febrero el presidente de la RFEF, Rafa Louzán, se enfrenta que el Tribunal Supremo ratifique su condena, obligándole a dejar el cargo si lo hace. La paz institucional de estas semanas amenaza con convertirse en un espejismo aunque ahora la guerra no va de la calle Torrelaguna a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, de LaLiga a la RFEF. Ahora pasa también por la Moncloa.