La doble vara de medir del Gobierno sobre los presidentes de federaciones deportivas que pudo solventar a tiempo con la Orden Ministerial

Allá por el mes de abril, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), fue claro sobre el perfil del candidato que debía presidir el fútbol español: "Es impensable que el representante del fútbol español en la Eurocopa sea un investigado". Su reacción fue inmediata después del comunicado de FIFA y UEFA, en el que mostraban su preocupación por la situación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e instaban a la proclamación de un nuevo presidente: "Todas las partes deben trabajar juntas en el mejor interés del fútbol español, incluyendo encontrar una solución para asegurar una adecuada elección oportuna de un nuevo presidente de la RFEF".

Tras la inhabilitación del principal favorito, Pedro Rocha, por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), avalada de momento por la jurisdicción contencioso-administrativa a la que acudió para solicitar su suspensión provisional, la RFEF celebró las elecciones a presidente con los requisitos que permitía la Orden Ministerial que Pilar Alegría firmó en el mes de enero y que regula los procesos electorales de las federaciones deportivas en nuestro país.

La elección se debatió entre dos barones, Rafael Louzán y Salvador Gomar, enfrentados por la presidencia, pero que procuraron que el trono no saliera del círculo de poder de las 19 territoriales que se resisten a abandonar una institución que ha protagonizado los peores escándalos de su historia reciente. La decisión de los candidatos puede ser cuestionable, pero desde luego está amparada legalmente por el reglamento que en su momento la Ministra y el CSD dieron por bueno.

Sin embargo, un año después de tener a su alcance la modificación de los requisitos de aquellos que pueden decidir el futuro federativo en nuestro deporte, Pilar Alegría manifestó tras el último Consejo de Ministros que "es difícil de entender que una persona que está condenada por prevaricación asuma la presidencia de la RFEF". Una conclusión también difícil de entender porque procede de quien tuvo en su mano cambiar los criterios de elegibilidad.

Si el criterio del Gobierno es tan contundente sobre el perfil que debe presidir la RFEF o cualquier otra federación deportiva, ¿por qué no aprovechó la última Orden Ministerial para fijar distintos criterios de elegibilidad y evitar estas situaciones? ¿Por qué, si tiene claro que Rafael Louzán no debe ser presidente de la RFEF, no ha trasladado a la Comisión Electoral una impugnación sobre su elección? ¿Por qué ha esperado a que se celebren democráticamente los comicios para pronunciarse sobre el presidente electo? Pues básicamente porque en situaciones similares anteriores, con el presidente de una Federación investigado o condenado, no lo ha hecho. Son numerosos los ejemplos que confirman que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado para el Deporte, no ha movido ficha en el deporte español cuando se han dado circunstancias parecidas.

Jesús Castellanos ha sido reelegido recientemente como presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET). Tras siete años investigado, tan sólo está pendiente de la fecha del pleito en el que se le juzgará por presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y administración desleal. Tanto la Fiscalía como el CSD, personado en la causa, piden 10 años de prisión en sus escritos de acusación.

Hasta las presentes elecciones, desde la Secretaría de Estado para el Deporte que preside José Manuel Rodríguez Uribes no habían hecho movimiento alguno, más allá de la acusación particular, para inhabilitar al presidente del Taekwondo español. Sin embargo, el pasado 8 de octubre elevó al TAD una denuncia contra Jesús Castellanos y otros directivos por presunto abuso de autoridad e incorrecta utilización de fondos.

Aunque el Tribunal sí se ha manifestado durante el proceso electoral para desestimar algunos recursos, a día de hoy no se ha pronunciado aún sobre la denuncia que, a diferencia de lo que sucedió con la RFEF, esta vez sí elevó el CSD. El pasado 26 de noviembre, Castellanos, a pesar de estar acusado de delitos de corrupción y pendiente de juicio, fue avalado por 77 de los 81 asambleístas con capacidad de voto y alargó su mandato cuatro años más.

Su condición de investigado durante todos estos años no ha evitado, por tanto, su reelección al frente de la Federación en 2017, 2021 y 2024 y que haya mantenido el apoyo del presidente del Comité Olímpico Español (COE). Además, han sido varios los presidentes del CSD que se han fotografiado junto a él y han acudido, incluso, a asambleas de la RFET. Todo ello mientras el propio CSD mantenía su personación en la causa aunque no había manifestado, hasta este último proceso electoral, ninguna intención de suspenderlo.

Luis Rubiales —por entonces presidente de la RFEF—, su secretario general Andreu Camps, y su asesor jurídico, Tomás González Cueto, fueron imputados en mayo de 2022 por el Juzgado de Instrucción Nº8 de Majadahonda. La investigación partía de la denuncia interpuesta por cinco clubes que les acusaban de haberles amenazado para que disolvieran la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional durante una reunión celebrada el 10 de marzo. "Los anteriores hechos revisten los caracteres de un presunto delito de amenazas, coacciones y prevaricación", advirtió el magistrado en un auto con el que acordó la apertura de las diligencias.

Durante un año, hasta el archivo provisional de la denuncia de 'Los Cinco', Luis Rubiales y sus dos brazos armados en la RFEF mantuvieron su cargo. En ese momento, José Manuel Franco Pardo, por entonces presidente del CSD, no hizo ni siquiera el ademán de suspenderlos o pedirles, como hizo José Manuel Rodríguez Uribes en el caso de Pedro Rocha y ahora con Rafael Louzán, que dieran un paso a un lado.

El 9 de diciembre de 2015 se conoció que el CSD había ordenado la realización de una auditoría complementaria a los gastos de la Federación Española de Baloncesto (FEB), tras recibir una denuncia que alertaba del supuesto uso indebido de fondos federativos por parte de José Luis Sáez. Una práctica que se habría mantenido durante años.

Tres meses después, tras una eventual baja médica, su presidente, José Luis Sáez, decía adiós. Lo hizo sin que nadie le suspendiera previamente ni interviniera tampoco la Federación, más allá de la auditoría ordenada por el CSD. Dejaba su cargo tras once años como máximo dirigente del baloncesto español, al tiempo que convocaba nuevas elecciones. En junio de 2016, Fiscalía Anticorrupción inició diligencias de investigación contra José Luis Sáez y otros, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental, cometidos durante su gestión al frente de la FEB. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid condenaba en enero de 2022 al expresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) a un año de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida por cargar gastos personales a la propia entidad, circunstancia que reconoció en su declaración.

En casos similares a lo ocurrido ahora en la RFEF, el CSD no intervino ni suspendió a ninguno de los implicados. Tampoco instó al propio Rubiales y Jesús Castellanos a dar un paso a un lado, y mucho menos se planteó suspenderlos mientras sus respectivas investigaciones se resolvían. Tan sólo ha elevado una denuncia, eso sí, en su tercera reelección, para evitar que el presidente de la Federación de Taekwondo renovara su mandato aprovechando la obsoleta y anticuada —no en tiempo, pero sí en forma— orden ministerial que ha permitido, y lo hará durante los próximos años, que el sistema clientelar de las federaciones permanezca.

En el caso del máximo organismo del fútbol español, a pesar de tener motivos y competencias para hacerlo, el CSD no ha encargado siquiera una auditoría paralela a fin de encontrar las irregularidades que la propia jueza investiga en Majadahonda. Lo que fue inédito es que el Gobierno, a través del CSD —seguramente más por el ruido generado a nivel internacional que por la gravedad de los hechos— creara una Comisión de Normalización, Supervisión y Representación para tutelar y controlar la RFEF durante algunos meses... que no sirvió para nada.

Sin intervenir ni suspender a ninguno de los implicados, tal y como señalan los precedentes de las últimas décadas, ni tomar ninguna decisión efectiva de cambio en el acceso a la presidencia de las federaciones, el Gobierno "amaga pero no da" tras la victoria para dirigir el fútbol español de un condenado por prevaricación. Aunque ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva para impedir que Rafael Louzán cumpla el mandato de su Asamblea, lo cierto es que desde el Gobierno aún no han hecho nada. Ni cuando debieron hacerlo, ni ahora que, seguramente, ya sea tarde.