El presidente de la Federación de taekwondo, a juicio: la Audiencia de Alicante confirma que tendrá que sentarse en el banquillo

Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), se sentará en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado su recurso y ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante que acordó la apertura de juicio oral contra él y otros dirigentes de la Federación, para quienes la Fiscalía y el Consejo Superior de Deportes (CSD) piden 10 años de prisión por presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y administración desleal.

También se sentarán en el banquillo de los acusados el secretario general de la Federación, José María Pujadas; la gerente Alicia Sancho; el extesorero Miguel Pérez Otín; y el expresidente de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, Victorino Pizarro. El siguiente paso es que se fije la fecha del juicio.

Entre 2009 y 2015, según el auto que cerró la instrucción en mayo de 2022 (y que ahora ha confirmado la audiencia provincial alicantina) y el escrito de acusación de la Fiscalía, los dirigentes de la Federación de Taekwondo incurrieron en irregularidades en la gestión económica del organismo, sobre todo en la aplicación y la justificación de las subvenciones públicas recibidas del CSD y en la justificación de otros gastos.

La juez consideró que existían indicios de presuntas irregularidades y describió que "los investigados de forma conjunta, con el fin de obtener dinero público del CSD durante años, recurrieron a distintas prácticas que partía [sic] de la alteración de los documentos, amañando facturas, documentación para reflejar unos datos que no se ajustaban a la realidad a fin de percibir el dinero del CSD". También que "alteraban al propio tiempo la contabilidad, haciendo constar determinadas cifras en determinados asientos para hacer constar unos gastos en base a unos conceptos falsos o inexistentes".

En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó para los tres principales acusados (Castellanos, Pérez Otín y Pujadas) penas de prisión de 10 años, una multa de 1,5 millones de euros y la devolución de un millón de euros al CSD y la federación.

A ese escrito se adhirió el CSD, personado en la causa. También están personados Jesús Tortosa, entrenador y padre del olímpico en Río de Janeiro 2016 del mismo nombre; la Federación Gallega de Taekwondo; y Eugenio Granjo, entrenador de Castellón cuya denuncia fue el origen de la investigación a la cúpula del taekwondo.

Granjo denunció en 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción a los dirigentes de la RFET. Esa denuncia provocó otra denuncia de la Fiscalía ante un juzgado de Alicante, la detención de Jesús Castellanos en junio de 2016 y su imputación junto a otros dirigentes federativos.

Desde entonces, Castellanos lleva más de siete años investigado. Pero eso no ha impedido que haya seguido al frente de una federación que preside desde 2005, cuando cerró su etapa al frente de la federación valenciana y llegó al cargo tras el Mundial celebrado en Madrid.

Su condición de investigado durante todos estos años no ha evitado su reelección al frente de la federación en 2017 y 2021 y que haya mantenido el apoyo del presidente del Comité Olímpico Española (COE), además de que varios presidentes del CSD se han fotografiado junto a él e incluso han acudido a asambleas de la RFET. Todo ello mientras el propio CSD mantenía su personación en la causa.

Su gestión al frente de la federación arrastra varias sombras. Las elecciones de 2020, por ejemplo, se retrasaron a 2021 y tanto Castellanos como otros dirigentes acabaron siendo inhabilitados por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Sanción que fue confirmada por el Juzgado Central de los Contencioso Administrativo nº 6 a principios de 2023.