La Fiscalía General remite a la de Madrid la denuncia del CSD por irregularidades en el antidopaje español

La Fiscalía General del Estado (FGE) mueve ficha y remite a la Fiscalía Provincial de Madrid la denuncia enviada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a partir de un expediente interno sobre irregularidades en la agencia española antidopaje, conocida como CELAD (Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte) tanto en la gestión económica, como en las tomas de muestras y en las resoluciones de los expedientes sancionadores. Será la autoridad madrileña quien deba decidir ahora si hay indicios de delito como para presentar una querella.

El informe que José Manuel Rodríguez Uribes remitió a la Fiscalía General del Estado el pasado 2 de enero se elaboró tras varias denuncias presentadas desde el mes de septiembre ante el Ministerio. Primero de Cultura, después de Formación Profesional y Educación. Ambos con la competencia de Deportes en la cartera. Aquella decisión contó con el visto bueno de la subsecretaría del Ministerio y la aprobación de la abogacía del Estad.

Las irregularidades trasladadas por el CSD a la Fiscalía, que ahora delega en la Provincial de Madrid, señalan la cuestionable gestión de fondos públicos pagados por la agencia española antidopaje a PWC, la empresa adjudicataria, para la realización de test. Controles que previamente sabían que podrían declararse nulos al realizarse con un sólo agente en lugar de dos como señalaba la ley del deporte (que se actualizó en noviembre de 2023), tal y como desveló Relevo. Aquello no sólo supondría un beneficio extraordinario para la empresa, sino un perjuicio para el sistema antidopaje español, que abonaba la realización de los test como si se hicieran con dos agentes y cuando podrían declararse nulos si el resultado de los mismos eran irregulares, a pesar de que tanto José Luis Terreros, director de la agencia, como Jesús Muñoz-Guerra, el responsable del Departamento de Control del Dopaje, eran conocedores de ello, no reclamaron nunca el sobrecoste y siguieron adjudicando nuevos contratos a la misma compañía.

Por otro lado, estarían los positivos sin sancionar, tal y como se refiere la propia Fiscalía General del Estado en su escrito -al que ha tenido acceso Relevo- como "la falta de incoación de procedimientos sancionadores por dopaje en ciertos casos en los que los resultados analíticos de dopaje eran adversos al deportista por la inacción de la CELAD en la tramitación e incoación de los procedimientos". También hace referencia a las autorizaciones de uso retroactivo, concedidas por la agencia de forma arbitraria y sin respetar el Código Mundial Antidopaje: "se señala la concesión irregular de autorizaciones de uso terapéutico a deportistas con efecto retroactivo "dirigidas a cubrir resultados positivos por sustancias dopantes de los deportistas implicados".

A algunos de esos casos tuvo acceso Relevo tras meses de investigación: Majida Maayouf, con una Autorización de Uso Terapéutico que no cubriría el positivo; el caso de una deportista de esquí náutico, que no pudo ser sancionada porque la CELAD agotó la caducidad en el plazo de comunicación de la sanción; o Patrick Chinedu Ike -adelantado por eldiario.es-, que directamente quedó en "un cajón". A esto habría que añadir los casos positivos por pasaporte biológico, como el de Ainhoa Pinedo, que aún siguen sin sanción en el limbo legal español después de varios años.

Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía de Madrid tras pasar puntualmente por el Fiscal General del Estado y el CSD, que prefiere dejar en manos de la autoridad madrileña la decisión sobre si la CELAD habría cometido algún tipo de delito. El ministerio público tendría hasta seis meses para pronunciarse al respecto y decidir si presenta algún tipo de denuncia por las irregularidades o archiva el caso. Por su parte, la Agencia Mundial Antidopaje sí se ha pronunciado. El máximo organismo internacional, ahora sí, ya investiga a España y amenaza con sanciones.