Rafael Louzán tiene 10 días de margen para resolver la primera 'patata caliente' que pactó y no reactivar a 'Querellator'

El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha empezado su mandato —que debería alargarse hasta 2028 si la justicia no lo impide— con la fuerza prometida. Tras configurar su nueva Junta Directiva (con 50% de mujeres y Tebas y Aganzo de vicepresidentes), preocuparse por el estado de salud de Luis de la Fuente y de su situación contractual y aprobar los próximos partidos de las selecciones en Valencia —como homenaje a los afectados por la DANA—, también ha realizado diversos viajes a las territoriales de Extremadura, Murcia y Las Palmas. Sin embargo, ahora le toca un hueso que a nadie en la casa le agrada abordar y que, dada la experiencia, no será fácil de resolver: ejecutar el pacto con Miguel Galán (CENAFE) que logró frenar la impugnación de su candidatura y que abrió un nuevo tiempo de cordura y consenso para no judicializar más la institución.

Según el acuerdo desvelado por Relevo al que Louzán y Galán llegaron el pasado 7 de diciembre en el Hotel Eurostars Central de Madrid, una semana antes de las elecciones, la Federación se comprometía a aprobar una normalización en las relaciones que se dividía en tres fases muy concretas con fechas incluidas para su puesta en marcha. Aunque lo tratado no se elevó a un notario, se firmó ante dos testigos: el abogado de Louzán, Luis Serantes, y el de Galán, Fernando Pinilla. Se abordaba así, por primera vez con documentos confidenciales de por medio, la histórica problemática sobre la convalidación de los títulos de técnico deportivo de grado medio inicial y de grado superior en fútbol de aquellos entrenadores formados fuera de la RFEF que se encuentran en el extranjero sin poder entrenar.

La primera de esas fases (moratoria de un año) tiene como límite para llevarse a cabo el próximo 7 de enero. La segunda (modificar el reglamento general de la RFEF), el 20 de enero de 2025. Y sólo la tercera (solución al conflicto de las licencias UEFA Pro) está fijada ya para 2026. La promesa de solucionar este entuerto convenció en un principio a Galán para no denunciar a Louzán en la precampaña, por incumplir el deber de neutralidad y por la inelegibilidad al arrastrar una condena por prevaricación, y dejar de poner denuncias y querellas como hizo en el pasado con Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha. El compromiso se hizo extensible a Sergio Merchán, por si en algún momento era presidente de la RFEF, ya que en la firma de este trato era candidato como Plan B (ahora es vicepresidente primero) por si Louzán tenía problemas con la justicia como en aquel momento se barruntaba.

Ese sorprendente y pacificador cambio de paso de Galán, y sobre todo de la RFEF tras años y años de conflicto, propició que también se frenara de golpe y porrazo al Consejo Superior de Deportes en sus intenciones de apartar a Louzán de la carrera electoral. El CSD, presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, quería elevar esa hipotética denuncia de Galán al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Pero, al no dar ese paso el madrileño (pese a ser requerido varias veces por varios directivos para hacerlo), el Consejo no se atrevió a actuar de oficio y aún sigue meditando si denunciar a Louzán por su cuenta o esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie el 5 de febrero sobre esa inhabilitación para cargo público que pesa sobre él desde hace 12 años cuando era el presidente de la Diputación de Pontevedra en las filas del PP. Con este pacto entre Louzán y Galán, todo parecía pacificado. El problema es que, pese a que en Las Rozas ya tienen en su poder un borrador de la circular que debería publicarse para abordar la primera fase, nadie ha iniciado los trámites ni ha contactado con Galán —más allá de los protocolarios mensajes navideños— en un asunto que afecta a unos 22.000 profesionales. 

Desde la RFEF aseguran que habrá contactos próximamente, seguramente el 2 o 3 de enero de 2025, aunque no especifican cuándo ni dónde. Entienden que hay otras prioridades en cartera y que estas fechas son muy malas. Pero lo cierto es que el tono optimista de antes es otro bien distinto en la actualidad. Entre otras cosas porque temen que a Miguel Galán ya no le valga una nueva reunión entre las partes para acercar posturas con el presidente del Comité de Entrenadores, David Gutiérrez, ni con el director de la Asesoría Jurídica de la RFEF, Jordi Aparisi, y se ciña única y exclusivamente a lo firmado en aquel cara a cara.

Galán, por su parte, sigue manteniendo mucha cautela con este asunto y no es tan explícito como suele debido a que hay cláusulas de confidencialidad. Pero, según algunos de sus colaboradores más cercanos, anda preocupado tras tender la mano, "demostrando a esos presidentes territoriales que dudaban, que él se reúne hasta con el diablo por el bien de su gremio y que no quiere ni notoriedad, ni un puesto que podía haber exigido o dinero". Estas mismas fuentes aseguran que Galán no entiende cómo este asunto no es prioritario, por mucho que agradezca el tono conciliador de Louzán. Sobre todo cuando los firmantes del acuerdo podrían tener responsabilidades si no cumplen y sabiendo que volvería a la carga contra la RFEF si intentan engañarle.

Esta primera fase del pacto, según ha podido saber este periódico, trata del bloqueo al que están sometidos actualmente aquellos entrenadores y entrenadoras que están en el extranjero o que durante el 2025 tenían pensado marcharse fuera a ejercer. Galán pidió para todo aquel que lo solicitara un transfer especial UEFA A, UEFA B o UEFA PRO (no el título), de manera urgente sin someterles a ningún requisito de experiencia previa o sometimientos de reconocimientos o exámenes parciales. Alegó que estas obligaciones están prohibidas por la Abogacía del Estado, según un informe que él mismo le enseñó a Louzán en la mañana del 7 de diciembre en la que pactaron.

Y la segunda fase, que debe cumplirse antes del próximo 20 de enero, trata de convalidaciones, para lo que hay que modificar el artículo 35 del Reglamento General de la RFEF o crear uno específico. El título de técnico deportivo de grado medio nivel inicial en futbol sería equivalente al UEFA B a efectos profesionales. El de grado medio nivel final equivaldría al UEFA A. Y el de grado superior, al UEFA PRO. Para el año siguiente, y con estas nuevas medidas ya implantadas, el pacto entre las partes incluye la creación de una Comisión de Expertos con el objetivo de idear un proceso de homologación de los títulos, así como un órgano de seguimiento para comprobar que se están cumpliendo los acuerdos.

Según varios expertos en el mundo de los entrenadores, e incluso de profesionales de la RFEF que en su día vivieron desde dentro este conflicto, la solución pactada es "casi imposible de ejecutarse" debido a que UEFA no va a permitir estos cambios reglamentarios. De hecho, más de uno (barones incluidos) consideran que Louzán fue hábil al negociar este arreglo con Galán para poner a salvo su candidatura, pero que tendrá imposible darle a su interlocutor lo que exige desde hace años. No porque no quiera, porque su predisposición es total, sino porque no se lo van a permitir las instituciones superiores a la RFEF por mucho que Louzán o el secretario general, Álvaro de Miguel, quieran actuar para evitar problemas.

Por eso, estas mismas fuentes, consideran que los problemas y las diferencias persistirán. Un hipotético paso atrás que preocupa a algunos en Las Rozas, por el hecho de que se podrían revivir los conflictos que ya parecían superados, pero que, sin embargo, alivia a otros porque Galán nunca fue bienvenido en la Ciudad del Fútbol. Este sector más combativo cree, off the record, que bastante tiene ya con haber quedado como "un héroe" ante su gremio al sentar a toda una Federación a negociar.