CASO OLMO

Dani Olmo puede estar tranquilo: el Gobierno interviene desde Franco con varias amnistías para el recuerdo

La cautelarísima del CSD es un nuevo capítulo en una larga lista de acciones iniciadas con el Decreto anti-Porta de 1984 y donde siempre se mezcla lo injustificado, la necesidad y la ideología.

De izquierda a derecha, Rubiales, Irene Lozano y Javier Tebas, en abril de 2020 tras firmar los 'Pactos de Viana'. /AGENCIAS
De izquierda a derecha, Rubiales, Irene Lozano y Javier Tebas, en abril de 2020 tras firmar los 'Pactos de Viana'. AGENCIAS
Alfredo Matilla

Alfredo Matilla

El problema de los debates en torno a las acciones de un Gobierno, como ha sucedido ahora con el Caso Olmo, es la carga ideológica que arrastra más allá de sus aciertos o torpezas. El deporte no es ajeno a las trincheras. Lo que para uno puede ser intervencionismo injustificado, para otro es lo mínimo que puede o debe hacer un Ejecutivo. Por eso aquí, lo mejor será exponer los hechos, los modelos de funcionamiento y ciertas concepciones del derecho en el fútbol español para evitar cualquier posicionamiento. Para la opinión ya están los clubes con sus diferentes comunicados oficiales o los cortes de manga de Joan Laporta.

Vaya por delante que quien se haya sorprendido estos días con el hecho de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) se moje, concediendo una cautelarísima, independientemente de si es una genialidad o un gazapo, es que desconoce el pasado. Con el Partido Popular (PP) en el poder, con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en su día hasta con la Unión de Centro Democrático (UCD), sobran los ejemplos en los que se posicionaron en esa alternancia de 50 años. Por su acción y también por su inacción, que es una forma más sutil e invisible de intervenir. Guste o no, buena parte de los 18 presidentes y presidentas del CSD que ostentaron el cargo en Democracia desde 1977, se han metido de lleno en el fútbol.

Intentar explicar, además, con la bufanda en la mano, que siempre se beneficia al mismo y que perjudican a los de siempre es tan simplista como inexacto. Hoy es el Barça el agraciado, a la espera de que se entre en el fondo del asunto para resolverlo, y para enfado del resto en unos tiempos en los que, además, la mosca de Negreira sigue detrás de la oreja. Pero otras veces lo fueron los demás, habiendo agraciados de todos los perfiles, como cuando el Sevilla, Celta, Albacete o Valladolid resoplaron con aquel lío de los los avales y el riesgo de descenso administrativo a 2ªB de 1995 que dejó movimientos sospechosos por el camino, una huelga de hambre y una frase para el recuerdo de Cruyff antes de acercar la Liga de 22 equipos. Intervenir no es un verbo nuevo. Siempre, desde el siglo pasado, se ha conjugado a diario.

Sirva también este ejemplo, por destensar un poco el ambiente tan cargado, sobre el histórico mapa de calor del Gobierno en el fútbol y su campo de acción desde los siglos de los siglos: hasta Francisco Franco se atrevió a modificar las normas de un día para otro por simple capricho personal. Sin necesidad de apoyarse en ningún tribunal jurídico o administrativo y simplemente sumando el cargo provisional de delegado nacional de deportes al de caudillo de todas las fuerzas de tierra, mar y aire.

A diferencia de como sucede en el extranjero, a los colegiados españoles se les conoce por sus dos apellidos y no por su nombre de pila por una decisión del Generalísimo y, sobre todo (a ojos del mandamás), por culpa del murciano Ángel Franco Martínez, fallecido este mismo año. El dictador, harto de leer constantemente titulares desagradables en la prensa sobre sus actuaciones (del pelo de... "Franco lo hizo muy mal"), obligó tras un Pontevedra-Granada de 1969 (0-1) a una nueva costumbre que se mantiene hasta la actualidad. Franco era sabedor de que los aficionados en la grada se cebaban con ese trencilla para desahogarse al mismo tiempo con él, así que censuró de golpe y porrazo la guasa general. Si Ángel pasó a ser Franco Martínez para distinguirse de Franco Bahamonde, hoy, en la regional andaluza, Pedro es Sánchez Sánchez para que nadie le confunda con el socialista Sánchez Pérez-Castejón.

Desde ahí, mil ejemplos

Más allá del chascarrillo, la primera gran intervención de la administración pública se produjo con la Ley del Deporte del año 1980, impulsada por UCD y modificada una década después. Ahí es donde se introduce el modelo de "interés público" del deporte de competición y la tutela administrativa sobre las organizaciones mediante la delegación de funciones públicas. Hablando del "interés general", apareció en 1997 la Ley Cascos, por el vicepresidente aznarista Francisco Álvarez Cascos, que reguló las emisiones y retransmisiones, imponiendo un partido de Liga por jornada en abierto y gratis para todo el territorio nacional. Algo que los clubes consideraron "una expropiación" e "injusticia" hasta que se modificó poco a poco ese modus operandi.

Francisco Álvarez Cascos, exvicepresidente del Gobierno con el PP en los 90.  GETTY
Francisco Álvarez Cascos, exvicepresidente del Gobierno con el PP en los 90. GETTY

Muchos ya vieron aquello, como sucede hoy con Olmo y Pau Víctor, como una intervención excesiva. Entre otras cosas, y siendo España el único caso en el mundo, porque implicaba la regulación y control de los procesos electorales, la regulación y supervisión de la disciplina deportiva (hasta la ley de 2022), la regulación y supervisión de la emisión de las licencias deportivas, la regulación y supervisión de las normas de las federaciones y ligas (mediante aprobación previa de la administración) y la regulación de un nuevo sistema de formación de entrenadores con un protocolo académico oficial. Únicamente la regulación de las entidades que participan en las competiciones mediante modelos societarios (Sociedad Anónima Deportiva) sí existían en España y, a la vez, en bastantes otros países del mundo.

Temas espinosos y polémicos respecto a la supuesta injerencia gubernamental hay varios y sonados en los últimos años. Ahí está la creación de la liga profesional femenina de fútbol contra el criterio de la Federación, que alegaba desde tiempos de Luis Rubiales que no era autosuficiente económicamente. Algo a lo que obligaba la ley por encima de todo y que ahora, curiosamente, reconoce abiertamente la propia competición al no ser todo lo autosuficiente que preveía y deseaba. Y también destaca en ese intervencionismo la obligación de muchas instancias administrativas en España (entre ellas las Comunidades Autónomas y el CSD) de emitir la licencia de fútbol a menores de edad que no cumplen o son totalmente contrarios a las normas del estatuto del jugador de la FIFA.

La crítica general, desde dentro o fuera del deporte, siempre estuvo latente. "Lo que pasa es que con el Real Madrid y el Barcelona de por medio, y mucho más si hablamos de fútbol, todo se multiplica y distorsiona", reconoce una fuente del Consejo con muchos trienios a cuestas. El ruido siempre existió. La primera vez donde saltó con fuerza a los titulares llegó con el Real Decreto 643/84, llamado anti-Porta, que fijaba un límite de tres mandatos para los presidentes de las federaciones españolas y, además, lo hacia con efectos retroactivos para los que ya lo hubieran cumplido. Esta norma brotó después de las acusaciones de malversación de caudales públicos con motivo del Mundial 82, apartó a Pablo Porta del sillón presidencial y benefició la entrada en la RFEF de José Luis Roca primero y de Ángel María Villar después antes de que la eliminase el mismo partido que la incluyó (PSOE).

De aquellos polvos...

Más tarde de este importante cambio estatuario en el que se implicó de lleno el Gobierno, surgió la fijación por ley, y su desarrollo reglamentario, de una composición obligatoria de las asambleas españolas de las federaciones por estamentos (clubes, deportistas, entrenadores y jueces/árbitros), tal y como las conocemos ahora. Es única en el mundo, puesto que lo habitual es que estos órganos estén compuestos por los clubes o por las denominadas ligas que serían las federaciones autonómicas. Y también se dio paso a la regulación de la disciplina deportiva y a la creación de un órgano administrativo para supervisarla (anterior Comité Español de Disciplina Deportiva, precursor del actual TAD). Un órgano que sólo existe en España y que suele realizar su actividad bajo sospecha. Y tampoco hay que olvidar la regulación de la "licencia única", que fue parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional. El Gobierno, repasada la larga lista de actuaciones, más bien no deja de intervenir.

José Manuel Rodríguez Uribes, actual presidente del CSD.  GETTY
José Manuel Rodríguez Uribes, actual presidente del CSD. GETTY

Su omnipresencia no se agota ahí. Después de estas medidas ya totalmente asentadas, fue el turno del Real Decreto de autorización de competiciones internacionales, por el que los clubes y las federaciones que participen en ellas o las organicen deben solicitar autorización administrativa previa (del CSD y del Ministerio de Asuntos Exteriores), como —de nuevo— no se hace en ninguna otra parte del planeta. Y hablando de obligaciones, siendo también únicos en el mundo, se puso en marcha la transformación en SAD para los clubes que participasen en competiciones profesionales. Esta norma se impuso en la ley del año 90 y se modificó con la de 2022, no siendo ahora obligatorio como en otros países. Entonces, se exceptuó a cuatro clubes (Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna) por criterios estrictamente políticos —con peleas, claro— y el Atlético y el Rayo estuvieron en el alambre... La reconversión colchonera fue una especie de ficción contable urdida por Jesús Gil, con Mario Conde y el Banco Vitoria de por medio, y así se quedó con el club sin poner dinero, tal y como reconoció el Tribunal Supremo. Como la cuestión había prescrito, quedó en nada.

Los debates encendidos siempre han existido de una forma bastante curiosa. Mientras que este tipo de decisiones no escandalizaban a nadie si eran ejecutadas en otros deportes, la batalla estaba garantizada si aparecían en el fútbol. Una bastante curiosa sucedió en la época de Jaime Lissavetzky al frente del CSD (2004-2011). El Gobierno le exigió a Villar la petición de una autorización para convocar las elecciones en la Federación después de los Juegos Olímpicos de 2008 y no antes como marca la norma. El expresidente, que casi siempre tuvo al Gobierno enfrente, independientemente de su color político, aseguró empoderado que no debía pedir permiso a nadie ya que cumplía con las normas FIFA. Y al final, pese a que envió una carta, Lissavetzky hizo ver que esa misiva pactada con él era la solicitud, cuando el texto literal no pedía esa autorización por mucho que él la justificara.

La relación del Gobierno con los presidentes de la Federación es un capítulo aparte. Mientras que con Villar, la Comisión Directiva del CSD le suspendió y luego envió al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las denuncias sobre su caso para proceder a una inhabilitación, al igual que con Pedro Rocha se ha remangado para ponerle a la Comisión Del Bosque con el objetivo de supervisar cada uno de sus pasos hasta que el TAD le apartara de la carrera presidencial, con otros ha querido pero no ha podido. O simplemente se le adelantaron. Con Rubiales, después de numerosas ocasiones en las que se limitó a estudiar sus casos, vio cómo fue la FIFA quien de verdad le expedientó e inhabilitó. Y ahora, con Rafael Louzán, está esperando a que el Tribunal Supremo le eche una mano en su obsesiva misión de que un dirigente acusado por prevaricación no esté al frente de un transatlántico que representa a España en cada rincón. El pacto del gallego con Miguel Galán les dejó fuera de juego.

Villaer y Jaime Lissavetzky, junto a la Eurocopa ganada en 2008.
Villaer y Jaime Lissavetzky, junto a la Eurocopa ganada en 2008.

Ni tanto ni tan calvo

Igual que intervenir poco está mal visto, hacerlo mucho tampoco es celebrado. Miguel Cardenal, en el CSD de 2012 a 2016, fue el gran impulsor del Real Decreto-Ley audiovisual 5/2015 sobre la comercialización centralizada de los derechos de televisión en el fútbol y fue tan aplaudido entonces por unos como criticado después por otros. Pese a las teorías de la conspiración por su cercanía a Javier Tebas, aquel logro derivó en la drástica reducción de las deudas de los clubes con Hacienda y en un nuevo control económico que ahora, por cierto, está en el disparadero a cuenta del Barça.

Por su parte, Irene Lozano, que presidió el CSD en plena pandemia, tuvo que actuar en mitad de la enconada guerra entre Tebas y Rubiales. Primero, con los Pactos de Viana por los que la RFEF y LaLiga se comprometieron, entre algunas malas caras y amenazas entre dirigentes, a reactivar la competición tras el obligado frenazo para evitar más desgracias en mitad de un luto nacional. Aquello obligó a la patronal a desembolsar un buen pellizco más a la Federación, al fútbol amateur y al resto de deportes (del 1% de los derechos audiovisuales al 2%) aparte de lo que ya destinaba antes. Y, en segundo término, para aprobar y poner en marcha el calendario de Liga por el que no se ponían de acuerdo, con el peligro de que no arrancara el campeonato a su debido tiempo.

Javier Tebas y Luis Rubiales, en abril de 2020 tras firmar los 'Pactos de Viana' con el CSD.  AGENCIAS
Javier Tebas y Luis Rubiales, en abril de 2020 tras firmar los 'Pactos de Viana' con el CSD. AGENCIAS

También se han generado otras controversias menos populares, pero no por ello menos importantes. El conocido caso del Deportivo de La Coruña fue uno de ellos, con Augusto César Lendoiro a los mandos, tras una demanda presentada contra la UEFA en un juzgado español. El máximo organismo europeo le prohibía jugar a nivel internacional si no la retiraba (el presidente lo hizo el día antes del partido en cuestión que peligraba). La intervención se manifestó en ese caso en el hecho de que el sistema jurídico español admitía que se pueda ir en contra de las normas de la UEFA. Ahí se abrió la veda.

Y también conviene destacar la prohibición del Gobierno de que la Selección juegue contra Gibraltar. Aunque no es la que más problemas ha traído. La prohibición de hacerlo contra Kosovo fue peor por el hecho de que utilicen las banderas y el nombre en igualdad de condiciones que otro país. De hecho, el Gobierno llegó a prohibirle a la Federación de Rubiales la organización en España de una fase territorial de selecciones en categorías inferiores donde Kosovo estaba en el mismo grupo que la Selección. El evento, según diversas fuentes consultadas, tuvo que organizarse en Suiza aunque los gastos corrieron a cuenta de la RFEF, lo que implicó una pérdida muy importante de dinero al no producirse los ingresos esperados en casa y, al mismo tiempo, tener que pagar todos los gastos al precio al que está todo en Suiza.

Olmo puede estar tranquilo. No fue el primer foco de discordia ni será el último.