El CSD tiende la mano a la AMA y ya trabaja en una reestructuración del sistema antidopaje español

José Luis Terreros ya es historia. Cesará el próximo viernes 26 de enero, cuando se reúna el renovado Consejo Rector con José Manuel Rodríguez Uribes al frente, como presidente de la agencia española antidopaje (conocida como CELAD Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte). El pasado 5 de enero, a raíz de las irregularidades desveladas por Relevo y el durísimo comunicado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Consejo Superior de Deportes (CSD) fue contundente en su reacción: si José Luis Terreros no dimitía como director de la agencia antidopaje española, José Manuel Rodríguez Uribes lo destituiría. La decisión estaba tomada.

Han pasado tres semanas hasta que el Consejo Rector ha elegido a sus nuevos representantes que, tras las elecciones autonómicas del pasado año y los cambios ministeriales, requerían del nombramiento de los nuevos. Tiempo que el hasta ahora director ha aprovechado para hacer una gira mediática y tratar de, cómo él mismo ha asegurado, "defenderse". Finalmente cesará el próximo viernes, tal y como adelantó Marca y ha podido confirmar este medio. Falta por confirmar si presentará su dimisión o tendrá que destituirle el propio Consejo. Ha estado casi siete años al frente de la agencia española antidopaje y parte de su gestión la investiga desde el pasado 2 de enero la Fiscalía General del Estado tras el traslado por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de un informe en base a varias denuncias recibidas.

La propuesta que el presidente del CSD llevará al Consejo Rector de la CELAD será el cese de Terreros, en caso de que el hasta ahora director no haya presentado su dimisión, y el nombramiento como director de una persona de reconocido prestigio, que cuente con reconocimiento y con experiencia en el ámbito de la gestión.

Fuentes del CSD aseguran que en la nueva etapa de la CELAD se buscará la complicidad y la cercanía con los grandes organismos internacionales. Para ello, en las últimas semanas se han llevado a cabo diferentes conversaciones al más alto nivel con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), donde se sentaron las "bases para esta nueva etapa que estará marcada por una comunicación estrecha y una colaboración leal con la agencia mundial".

En esta línea y, presumiblemente tras un profundo cambio en la estructura de la agencia española antidopaje, está previsto que en próximas fechas se lleve a cabo una reunión presencial en Madrid entre expertos de la AMA y la nueva dirección de la CELAD para avanzar en esa línea.

Al ser presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes también lo es de la CELAD. Y por tanto es quien debía convocar al Consejo Rector, que no se reunía desde el pasado mes de octubre, para destituir al director. Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y los cambios ministeriales, el Consejo Rector, formado por 10 miembros, tenía que renovar a sus representantes.

Según fuentes del CSD, tras la petición pública de la dimisión de Terreros, se activaron los procedimientos necesarios para ello. El presidente del CSD habría enviado con urgencia los oficios y ha estado a la espera durante tres semanas del nombramiento de los nuevos representantes que formarán finalmente el nuevo Consejo Rector.

Una burocracia lenta que ha permitido que José Luis Terreros haya podido ultimar su etapa como director y, ahora sí, anunciar sanciones, señalar al Gobierno y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), e incluso para poner en el foco en los anteriores directores de la agencia española antidopaje para tratar de justificar su gestión.

José Luis Terreros tenía las herramientas suficientes para anunciar las sanciones de manera oficial, pero eligió también la vía mediática para comunicar el castigo a dos atletas por resultados anómalos en su Pasaporte Biológico. Sin embargo, a pesar de ser sanciones firmes - años después- por parte de la agencia española antidopaje, la decisión de su director fue la habitual durante toda su gestión: proteger el nombre de los atletas por si decidieran recurrir, tanto por vía administrativa como a través de la justicia ordinaria, la decisión de la CELAD.

Sabedor de que cuando se le abrió el expediente sancionador a ambos atletas por el resultado positivo en dopaje en su Pasaporte Biológico aún no estaba regulada la nueva Ley Antidopaje -cuyo Real Decreto se aprobó finalmente en noviembre de 2023-, los ha resuelto curiosamente esta misma semana, tras el escándalo destapado por Relevo. No lo hizo en su momento cuando la CELAD recibió los análisis del laboratorio en 2019 y 2020 respectivamente, y tampoco lo hizo en enero de 2023 cuando ya conocía la sentencia definitiva del 'Caso Ibai Salas', que afectaría a estos positivos, a pesar de ser la justificación empleada hasta el momento.

En la sentencia de la Audiencia Nacional tras el recurso del ciclista, el tribunal español señalaba la incapacidad sancionadora del Pasaporte Biológico en España, porque pese a ser un "eficaz instrumento para la lucha contra el consumo de sustancias dopantes, y su valor como medio o instrumento de prueba podrá resultar de inestimable ayuda", requería de un desarrollo reglamentario que en España no se produjo hasta el Real Decreto de noviembre de 2023. Es decir, sin regulación, como es lógico, el Pasaporte Biológico no se podía considerar una posibilidad para sancionar, al menos en España.

Sin embargo, Terreros decidió sancionar ahora, esta misma semana, cuando los atletas también pueden recurrir por el mismo motivo. Por esa misma razón, alega, ha decidido seguir protegiendo su identidad a pesar de que la ley de la lucha contra el dopaje indica que deben aparecer en el portal de Sanciona2. Sabedor de la falta de regulación que había cuando el Pasaporte Biológico de los atletas dio un resultado anómalo, incumplió el reglamento de nuevo y los guardó en el cajón durante años porque todo a punta a que, al menos a nivel nacional, si los atletas recurren, quedarán sin sanción porque la ley de 2021 no tuvo reglamento hasta noviembre de 2023.

Precisamente sobre este asunto, José Luis Terreros afirmó el 14 de octubre de 2021 en un artículo firmado por él mismo en el diario ABC que "el desarrollo reglamentario del Pasaporte Biológico sería innecesario y podría acarrear serios obstáculos en el cumplimiento del programa mundial antidopaje". Recomendó por tanto, en calidad de director de la CELAD, no regularlo. Seguramente sea una de las razones para entender que desde 2016 no haya un sólo caso de dopaje en la élite del deporte español. No porque no los hubiera, sino porque estaban suspendidos, caducados u ocultos. Y ahora, de aquellos barros, estos lodos.

Aún como director de la CELAD Terreros también ha tenido ocasión de atacar de forma directa a los dos estamentos que deben decidir si su gestión, llena de irregularidades, ha sido correcta. Así lo ha mantenido en diversas entrevistas de su gira mediática.

El mismo día que Terreros trataba de defenderse ante el CSD, la AMA anunció en un durísimo comunicado que había retirado a España la gestión de hasta tres expedientes sancionadores de Pasaporte Biológico y exigido una resolución a corto plazo sobre otro dos: "Además de perseguir a la CELAD por casos pendientes aparentemente retrasados, la AMA tomó la medida muy inusual en 2023 de retirarle tres casos de Pasaporte Biológico del Deportista (ABP) y entregárselos a las Federaciones Internacionales pertinentes para que se ocuparan de ellos. En otros dos casos de ABP, la AMA impuso plazos estrictos a la CELAD para tomar una decisión".

En sus declaraciones y en el comunicado oficial que envió la CELAD días después, Terreros desmintió también a la AMA, a quien lanzaba otra de sus flechas: "Cuando la Audiencia Nacional dijo que no se podía sancionar" positivos por Pasaporte Biológico, "decidimos que tres de ellos los gestionaran las Federaciones Internacionales correspondientes y le pasamos a la AMA la gestión. Los otros dos vimos que podíamos seguir adelante y los estamos llevando nosotros". Aseguraba así que no fue un mandato de la AMA sino una decisión propia al frente de la CELAD, que ahora sí, tras el comunicado de la AMA, los ha resuelto.

También aseguró que "la CELAD no tiene conocimiento de que la Agencia Mundial Antidopaje haya abierta ninguna investigación, ni ninguna acción correctora, en el Centro de Cumplimiento del Código". Según ha podido confirmar este medio, la Agencia Mundial tiene abierta una investigación sobre la CELAD y ha sido quien ha instado a Terreros a resolver los expedientes. Tanto es así que, en relación con la retirada de los casos de Pasaporte Biológico por parte de la AMA, el organismo mundial sostiene que la parte del Código Mundial Antidopaje que se utilizó para ello (artículo 7.1.5) no requiere el consentimiento del CELAD.

Pero Terreros fue incluso un paso más allá. Apuntó que la beligerancia del comunicado de la AMA se debía a que la CELAD, junto a una veintena de agencias antidopaje más, se había mostrado crítica con la gestión del actual presidente de la AMA, Witold Bańka, al que habrían exigido cambios. Relevo ha podido saber que la Agencia Mundial no ha tenido constancia, salvo por las declaraciones de Terreros en la prensa en esta ocasión, de ninguna otra agencia antidopaje nacional que haya criticado la labor del presidente de la AMA. "Si hubiera 20 más como dicen y esa hubiera sido la motivación del comunicado, ¿por qué iban a señalar sólo a España?", señalan desde el organismo mundial.

El hasta ahora director de la CELAD también quiso lanzar un dardo directo tanto al Consejo Superior de Deportes (CSD) como al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte: "No voy a permitir que hagan un comunicado diciendo que si no dimito, me van a cesar". También ha señalado al jefe de gabinete de José Manuel Rodríguez Uribes, asegurando que le engañó: "He contactado con su jefe de gabinete, les he mandado sucesivos informes según crecía el asunto, les he propuesto reuniones, el jefe de gabinete me ha engañado diciendo que no estaban cuando sí estaban. Me propusieron una reunión el 5 de enero, pero el jefe de gabinete me dijo que debía dimitir por el bien del deporte español y los Juegos Olímpicos".

Para argumentar los casos de dopaje que quedaron sin sanción porque el control había sido realizado por un sólo agente -y no por dos como requería la ley española hasta noviembre de 2023- Terreros argumentó que el proceso ya estaba en lo Contencioso y luego en la Audiencia Nacional, que falló finalmente en diciembre de 2021. Por ello decidieron que no se abriría el expediente a la espera de la resolución judicial. Es cierto que la ley ordena que hay que suspender un procedimiento administrativo afectado por un proceso judicial, pero el caso desvelado por eldiario.es de Chinedu Patrick Ike no era el que se juzgaba en ese momento.

Ahí está la clave. De nuevo, ante un caso recurrido en el tribunal español Terreros, en lugar de cumplir la ley antidopaje, decidía no resolver tampoco el resto. Siempre a la espera de, como él dice, resolver la ambigüedad interpretativa de los derechos y las leyes españolas que, por cierto, él mismo recomendó no regular como se debía para evitarlo.

Está claro que el director de la CELAD utilizó todo tipo de resquicios legales para no sancionar en lugar de, como rige el mandato de la agencia española antidopaje, elaborar y ejecutar las políticas de lucha contra el dopaje, es decir, la planificación, la realización de controles y la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores. O lo que es lo mismo: luchar contra el dopaje en España.

Muchos de los controles organizados por la CELAD no se hicieron bien, al menos de 2017 a 2022, tal y como desveló Relevo hace unos días. Como consecuencia, tampoco se tramitaron acorde con la ley algunos expedientes sancionadores. Muchos quedaron "en el cajón" y otros caducaron. El próximo viernes conoceremos quiénes serán los nuevos miembros de la estructura de la agencia que tendrán que limpiar la imagen del antidopaje español con una profunda transformación a la altura de lo que el deporte español merece. No se olviden de que, al fin y al cabo, hablamos de un tema de salud pública.