La maniobra política de Louzán con el fichaje de María José Rienda que pone al CSD contra las cuerdas

Rafael Louzán tenía un as en la manga. El gallego, que ha anunciado hoy a los 31 miembros de su Junta Directiva para esta nueva etapa en la que estará al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), contará con ocho vicepresidentes y 15 mujeres, entre las que destaca María José Rienda, quien fuera la primera Secretaria de Estado para el Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez, allá por 2018.

Tras el rechazo a su nombramiento por parte del Gobierno actual en palabras de la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, y del actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, Louzán ha movido ficha y ha querido contar en su equipo ejecutivo con la exdeportista, quien fuera una de las primeras apuestas para renovar la gestión deportiva del gobierno socialista hace ahora seis años.

La maniobra de Rafa Louzán al convencer a María José Rienda, que actualmente ocupa la dirección de sostenibilidad y relaciones institucionales de Cetursa, la empresa pública española dedicada a la gestión de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, podría considerarse un puente tendido para tener, como ha querido presumir desde que fue elegido el pasado 16 de diciembre, una Junta Directiva de lo más plural y diversa posible. También habrá quien podría valorarlo como una jugada maestra para dejar al CSD —quien pudo profesionalizar, con la Orden Ministerial, los requisitos para optar a la presidencia de las federaciones deportivas y no lo hizo— sin apenas argumentos políticos en su contra. O como una bala directa a Uribes, pues fue quien relevó a Rienda de la Secretaría de Estado para el Deporte por Irene Lozano cuando fue nombrado Ministro de deportes en 2020.

Con escasa formación más allá de un curso universitario en gestión deportiva desarrollado por la RFEF en colaboración con FIFA, Louzán sí puede presumir de una carrera política, de la que ha hecho gala estos días, que comenzó en 1995 cuando fue investido teniente de alcalde de Ribadumia, cargo que ocupó durante ocho años antes de ser nombrado presidente de la Diputación de Pontevedra en 2003. Al mismo tiempo, y durante 15 años (desde el año 2000 hasta el 2015), ejerció como presidente del Partido Popular en la provincia de Pontevedra.

Hay remontarse a 2011 cuando Louzán, al frente de la Diputación, adjudicó a una empresa la subvención de 86.311 euros para la mejora del campo de fútbol de Moraña. Diez años después, en febrero de 2021, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Pontevedra le condenó a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por los delitos de prevaricación y fraude. Sin embargo, un año después, la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió al expresidente de la Diputación de Pontevedra del delito de fraude por el que había sido condenado en febrero del 2021, pero confirmó la pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público. Tras la ratificación del tribunal, a Louzán sólo le quedaba recurrir al Tribunal Supremo para no tener que abandonar la federación gallega.

Ahora, ya como presidente electo de la RFEF tras ganarle la batalla a Salvador Gomar con el apoyo —y consiguiente nombramiento en la Junta Directiva— de sus barones más afines y de varios nombres ligados a la política del grupo popular para alcanzar la paridad de la directiva, Louzán está a la espera de que la máxima instancia judicial se pronuncie —previsto para el mes de febrero— para saber si podrá liderar el fútbol español durante los próximos cuatro años. Si falla en su contra, será Sergio Merchán, el vicepresidente primero, quien tenga que convocar, de nuevo, elecciones presidenciales en una RFEF que viene de vivir la época extradeportiva más oscura de sus más de 100 años de historia. Y otra vez vuelta a empezar.