PELOTA VASCA
El conflicto entre la Federación Española de Pelota y la Vasca lo resolverá el TAS antes de verano
Puede darse el caso de que a partir del próximo 31 de mayo representantes de España y Euskadi coincidan en la Liga de Naciones.
El empeño de la Federación Española de Pelota (FEP) por anular el acuerdo adoptado el pasado 28 de diciembre por la Federación Internacional de Pelota (FIPV), que contemplaba modificar sus propios estatutos para incluir al País Vasco como miembro de pleno derecho de la Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza (EEPF), sigue firme.
De hecho, ya tiene carácter oficial a raíz del escrito de apelación presentado el pasado 13 de enero ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Dicho documento, en el que no contempla la adopción de medida cautelar alguna, lleva la firma de Gonzalo Jiménez Illana, un abogado especializado en asuntos deportivos. El órgano internacional de arbitraje con sede en Lausana (Suiza) que dirime disputas en torno al deporte no suele demorar muchos sus decisiones, por lo que se espera que el asunto pueda estar resuelto antes del verano. Mientras no haya fumata blanca, puede darse el caso de que a partir del próximo 31 de mayo representantes de España y Euskadi coincidan en la Liga de Naciones que se disputará a lo largo de una semana en Gernika (frontón largo para las modalidades de cesta o pala) y Bilbao (frontón corto para pelota mano).
Lo que está claro es que la Federación Española confía en que "si todo funciona correctamente" en menos de seis meses el TAS habrá dictado un laudo sobre cuál de las dos partes en conflicto tiene razón. Eso no excluye la posibilidad de que a última hora se pudiera abrir la vía penal a través de una denuncia en la jurisdicción ordinaria. También está expectante el nuevo presidente de la FEP, el navarro Javier Conde que acaba de sustituir en el cargo a Julián García Angulo, de lo que pueda dictaminar el Consejo Superior de Deportes (CSD). La pelota, por tanto, está en el tejado del organismo que preside el exministro socialista José Manuel Rodríguez Uribes, que tuvo conocimiento inmediato del resultado final de la última asamblea general por parte de la Federación Internacional y de la Vasca, y que ahora tiene que valorar las circunstancias y confirmar si la letra pequeña del acuerdo se ajusta o no al artículo 48 de la nueva Ley del Deporte.
Una vez estudiada toda la documentación, y ratificada su validez, se procedería a la inscripción de la EEPF en el Registro Estatal de Entidades Deportivas. A partir de entonces, será cuando se produzca de facto su integración definitiva como miembro de pleno derecho. Tal y como señala Jiménez Illana, que es socio y director de área de derecho deportivo en el despacho Martínez-Echevarria Abogados, el CSD es "perfectamente conocedor" de las acciones legales que se han emprendido ante el TAS por parte de la Federación Española de Pelota y por ello cree que debe aplicar un criterio de "prudencia" en lugar de tomar una decisión "precipitada" que puede ser susceptible de tener efectos retroactivos, ya que se trata de una cuestión que puede estar resuelta en un breve espacio de tiempo. Si el TAS anula el acuerdo asambleario que modificaba estos estatutos, en teoría, la Federación Internacional tendría que esperar dos años antes de volver a realizar una propuesta similar.
Por centrar el asunto, conviene recordar que el escrito dirigido al TAS no alude al fondo del asunto, esto es, si es legal o no la participación de Euskadi en competiciones internacional donde se pueda enfrentar a España, sino a las formas sobre cómo se adoptaron acuerdos durante la asamblea general. En primer lugar, cuestiona los "defectos" e "irregularidades" previos a la convocatoria de dicha asamblea que se celebró finalmente el Pamplona el pasado 28 de diciembre. Sobre el anuncio no hay ninguna pega, cosa distinta es que no se incluyera en el orden día para su ratificación la modificación de los estatutos o la votación para dilucidar si el País Vasco podría ser miembro de pleno de derecho en la EEPF, "algo que tiene que ser notificado a los asistentes con dos meses de antelación".
También alega Jiménez Illana que en la convocatoria se precisaba que podían acudir dos delegados de cada asociación afiliada que formaran parte de la estructura de sus respectivas federaciones nacionales o de las mismas federaciones. En este caso, según explica el abogado, la persona que en primera instancia hizo acto de presencia en representación de la FEP fue su presidente Julián García Angulo, a quien solo unas horas antes de dar comienzo la asamblea se le notificó la imposición de una sanción disciplinaria. De ahí que la persona finalmente acreditada fuera Jorge López, que se presentó como director de competiciones de la Federación Española para que le dejaran participar en la asamblea, "y así fue acreditado". Lo que ocurrió después fue, "que de repente se dan cuenta que las cuentas no les salen y se le echa". Fue entonces cuando adujeron un supuesto error en el recuento de votos, lo que motivó que el presidente de la FIPV pidiera un receso de diez minutos, "y cuando se reanudó la asamblea ya no le dejaron continuar y se le expulsa antes de poder votar".
Cabe subrayar que en la votación final solo intervinieron la mitad de los países con derecho a hacerlo. El resultado final fue de cinco votos favor (Argentina, Venezuela, México, Francia y Perú), una abstención (Costa Rica) y un único voto en contra: Chile. La presencia de España y Cuba resultaba crucial para el resultado final porque no todos los países tienen la misma ponderación de voto. Ambos tenían nueve cada uno, que sumados a los de Chile y la abstención de los caribeños, la propuesta de la FIPV no hubiera salido adelante porque se necesitan dos tercios para su aprobación. Esta circunstancia le lleva a Jiménez Illana a plantear "falta de legitimidad" a dicha asamblea para aprobar una decisión tan "relevante" sin haber sido anunciada previamente porque de los 30 países que conforman la FIPV, de los que 14 tienen derecho a voto, la propuesta solo obtuvo el respaldo de cinco países "lo que creo que pone en tela de juicio la actuación de la Federación Internacional que atiende a unos intereses que no dejan indiferente a nadie, en tanto que son políticos".
El escrito de apelación, al que también se adhiere la federación cubana, sostiene que hubo "falta de transparencia" a la hora de abordar el tema de una posible modificación del artículo 10 de los estatutos porque el anuncio no fue hecho por el delegado de la asociación argentina, sino que la persona encargada de leer el nuevo documento fue el asesor jurídico de la FIPV. Es más, el abogado recalca que, por ejemplo, en el caso de admitir la propuesta de incluir al País Vasco como miembro de pleno derecho, sería necesaria la modificación de otros artículos.
Está también presente en el documento remitido al TAS el cuestionamiento de las sanciones disciplinarias previas a la celebración en la asamblea general adoptadas contras los presidentes de las federaciones de España y Cuba que les impidieron tomar parte en la misma. Jiménez Illana afirma que la fecha del evento ya se agendó en plenas fiestas navideñas con la confianza de que muchos países se ausentarían dado que no se incluía ningún punto "relevante" en el orden día. Sin embargo, a juicio del abogado, la Federación Internacional trató de subvertir el derecho asambleario de ambas representaciones "inventándose completamente los plazos del proceso asambleario vulnerando los regulados en los reglamentos de la propia FIPV". Y es que la Federación Española entiende que cuando se abre un proceso disciplinario, como ocurrió en el presente caso y que afectó a la representación cubana y española, el Juez Único de Disciplina (Jagoba Goiri) debió haber nombrado a un instructor que diera traslado de la causa a las partes para que en un plazo de quince pudieran presentar las alegaciones que estimaran oportunas antes de elevar una propuesta de sanción.
En caso de apreciar indicios suficientes para castigar a ambas federaciones (España y Cuba), tendría que haberles dado otro plazo de quince días para presentar nuevas alegaciones. "Y aquí un Juez Único de Disciplina, presionado por la Federación Internacional, decide crear un procedimiento sumarísimo en cual nos da un plazo de cinco días, lo que genera una indefensión absoluta". En este punto el abogado pone de manifiesto las contradicciones del juez en su resolución. Así, dado que España hizo sus alegaciones en un plazo de cinco días, el instructor rechazó tal argumento al haber satisfecho el recurso en el espacio de tiempo que le había marcado. Eso, en opinión del juez, significa que el recurrente dispuso de los días necesarios para presentar su escrito, lo que a su vez, descartaría la indefensión. Mientras, en el caso de Cuba, que no recurrió porque no abrió el correo electrónico donde se adjuntaba la primera resolución, también recibió la correspondiente sanción. Esto es, si se recurre en plazo te confirman el castigo, y si no lo haces, también. "Eso demuestra que estos procedimientos disciplinarios son claramente hechos ad hoc para evitar la participación de Cuba y España en la asamblea".
Sobre la posibilidad de que Euskadi puede llegar algún día a ser miembro de pleno derecho de la EEPF, Jiménez Illana puntualiza que ya se intentó algo parecido durante la asamblea general celebrada durante el verano de 2023. La propuesta decayó antes de incluirla formalmente en el orden del día por la evidente falta de apoyos y la nueva, gracias a las maniobras orquestadas para que saliera adelante en la última asamblea, solo demuestra que "ante sus fracasos anteriores" buscaron otras fórmulas más exitosas. El abogado hace hincapié en que no existe ninguna exposición de motivos que justifique el cambio estatutario ni un informe sobre el impacto que puede tener el deporte de la pelota en el movimiento olímpico ya que, en su opinión, la inclusión como miembro de pleno derecho de un estado no soberano en la EEPF podría suponer su expulsión "y eso supondría ya un golpe demoledor no solo el aspecto deportivo sino también para la Federación Internacional".