DOPAJE

La agencia española antidopaje utilizó un certificado falso para no reclamar el dinero de los controles mal realizados

Relevo ha accedido a documentación que evidencia que el certificado presentado en el Tribunal de Cuentas acredita una falsedad.

El nuevo director general de la CELAD, Carlos Peralta, junto a su antecesora en el cargo, Silvia Calzón, en el Consejo de Europa de Estrasburgo. /@CELAD_esp
El nuevo director general de la CELAD, Carlos Peralta, junto a su antecesora en el cargo, Silvia Calzón, en el Consejo de Europa de Estrasburgo. @CELAD_esp
Natalia Torrente

Natalia Torrente

La agencia española antidopaje (CELAD) pagó controles irregulares durante, al menos, cuatro años. La situación anómala se prolongó entre 2017 y 2020, con José Luis Terreros como director, cuando abonó con fondos públicos los controles realizados por la empresa adjudicataria, PWC, a pesar de que conocían que los test no se hacían bajo la normativa vigente. ¿Qué ocurría para que fueran irregulares? PWC los planificaba con la presencia de un agente, en lugar de dos —como indicaba la ley española hasta noviembre de 2023—, con su correspondiente ahorro para la compañía. En caso de que finalmente esos controles fueran positivos, algunos de ellos no se tramitaban precisamente por la irregularidad a la hora de realizar el test.

El pasado jueves 7 de noviembre la agencia española antidopaje (CELAD, Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte) presentó dos certificados ante el Tribunal de Cuentas —órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público— para evitar que prosperara la denuncia de un particular. En ella se demandaba la reclamación de fondos públicos con los que los responsables de la agencia habían abonado a PWC, la empresa adjudicataria, controles antidopaje realizados con un sólo agente entre 2017 y 2020 —en lugar de dos como exigía la ley vigente—, y que sirvieron, además, para evitar la tramitación de los resultados positivos de algunos de ellos por ir, precisamente, en contra del reglamento.

Ambos certificados fueron firmados el pasado 13 de septiembre por el nuevo jefe del Departamento de Control del Dopaje, Manuel Sarmiento. El primero acreditaba que "no se ha encontrado evidencia que ninguna muestra realizada en controles de dopaje con un único agente de control de dopaje fuera considerada no-válida". El segundo de ellos, firmado también por María Cristina Menéndez-Manjón Cueto, jefa de la división de asuntos jurídicos de la CELAD. Aunque reconocía un par de casos positivos archivados por este motivo, confirmaba que "no se había encontrado evidencia de la existencia de controles en los que no se iniciara el proceso sancionador al no haber participado un segundo agente en un control con resultado positivo". Y añadía: "Los controles que dieron resultado positivo se tramitaron con independencia de que se realizasen con uno o dos agentes".

Sin embargo, Relevo ha accedido a información confidencial que revela que en la CELAD hay multitud de controles antidopaje que se abonaron a PWC, la empresa adjudicataria, a pesar de que se hicieron con la presencia de un sólo agente y no de dos como ordenaba el reglamento español hasta que cambio a finales de 2023. Muchos de esos casos, algunos ya publicados por este medio, dieron como resultado un positivo por dopaje, y fue la presencia de un solo agente la razón por la que no se llegaron a tramitar. De hecho, así lo refleja un informe enviado en 2021 por el mismo José Luis Terreros a la Agencia Mundial Antidopaje, correos internos, resoluciones y documentos de la CELAD.

La documentación a la que ha tenido acceso este medio, por tanto, evidenciaría la falsedad de dos documentos presentados ante el Tribunal de Cuentas y que el delegado instructor consideró clave para proponer el archivo del caso: "la CELAD ha certificado que, según la documentación obrante en sus archivos, todos los resultados adversos se tramitaron con independencia de la participación de un solo agente de control. Por tanto, por los motivos expuestos anteriormente, no se aprecia la existencia de un alcance a los fondos públicos", cuyo reintegro ya no podría reclamarse a los exdirectivos de la CELAD pero sí a PWC, la empresa incumplidora.

Una propuesta de archivo en base a un certificado que no refleja la verdad de una agencia antidopaje que, aunque se esfuerza en diferenciar entre la "vieja CELAD" de José Luis Terreros y la "nueva CELAD" de Silvia Calzón y Carlos Peralta, viene a revelar que las actuaciones son las mismas. Más allá de que un particular presentara una denuncia para que la agencia española recuperara fondos públicos utilizados para realizar los controles antidopaje de forma irregular, lo cierto es que el antidopaje español ha utilizado un certificado que acredita una falsedad para evitar una auditoría que permitiera reclamar a los exdirectivos de la CELAD el dinero de los controles realizados desde 2017 a 2020, un montante que superaría las seis cifras.

Para ello, quedan aún dos vías abiertas: presentar alegaciones tras el archivo del juez instructor, para lo que ambas partes tienen 10 días a partir del 15 de noviembre; o bien tratar de recuperar el dinero, ya no a través de los responsables de la CELAD en esa época, sino a través de la empresa incumplidora, en este caso la adjudicataria de los contratos, PWC.

Las auditorías internas, ignoradas

Agustín González, secretario general de la CELAD en 2021, sí llevó a cabo una serie de auditorías internas al ser conocedor de las posibles irregularidades que se venían cometiendo desde 2017, pues era la Secretaría General de la agencia desde donde se abonaban las facturas giradas mensualmente a PWC, la empresa adjudicataria para la realización de la mayoría de controles.

Ante los resultados de la investigación, Agustín González alertó por email a Jesús Muñoz-Guerra, por entonces jefe del Departamento de Control de Dopaje, de un problema con una serie de controles facturados por PWC entre enero y abril de 2021: "Se pagaron entonces y si ahora hay un positivo, el lío va a ser gordo". En ese momento se hizo evidente que los controles irregulares, a pesar de conocerse por la CELAD desde 2017, se estaban abonando sin ningún control en perjuicio de los fondos públicos de la agencia, dependiente del Consejo Superior de Deportes. "No podemos tolerar más tomaduras de pelo ni pagar controles que, además, nos puedan meter en un lío", decía el entonces secretario. La empresa llegó incluso a ser apercibida por Agustín González por incumplir con sus obligaciones en la realización de los servicios de control adjudicados pues la diferencia de facturación entre los meses no auditados y los supervisados era relevante.

¿Qué ocurrió entonces? Ante la imposibilidad de controlar los fondos públicos de la CELAD con anterioridad a 2021, Agustín González cesó como secretario general en medio de las auditorías y fue sustituido en el cargo por Ramón Sánchez Gálvez, un funcionario de la CELAD y, por tanto, subordinado de José Luis Terreros. Se logró así evitar los controles y auditorías internas que hubieran permitido, como lo harían ahora, la recuperación de los fondos públicos transferidos irregularmente durante el periodo 2017-2020 y la sanción pertinente a PWC, que siguió siendo adjudicataria de numerosos contratos para la realización de los controles de dopaje bajo el paraguas de la agencia española.

Tampoco ahora la "nueva CELAD" ha realizado una profundar auditoría para dar con las facturas abonadas a PWC, que aún podrían realizarse para conocer el alcance económico y, como consecuencia, reclamar a PWC la cantidad de dinero público irregular transferido. Aunque fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) insistieron a Relevo en que la nueva directora había dedicado en los primeros meses gran parte de los esfuerzos de la CELAD para dar respuesta al tribunal, finalmente recurrieron a un certificado que recoge una falsedad, firmado por Manuel Sarmiento, que en un par de semanas no formará parte del equipo de confianza del director actual, Carlos Peralta.

El Gobierno ya mintió sobre los controles con un sólo agente

En febrero de 2023 el Gobierno respondía a una petición de Unidas Podemos planteada en la Mesa del Congreso de los Diputados. En ella se preguntaba por cuántos controles antidopaje había realizado la empresa adjudicataria PWC con un solo agente de control y qué cantidad de fondos públicos había recibido la mencionada empresa entre 2017 y 2020 por esa realización de controles antidopaje.

La respuesta del Gobierno centró los datos a partir de 2021, cuando el propio Agustín González impidió que se abonaran nuevos controles realizados con un sólo agente. Sin embargo, mintió sobre los controles realizados con anterioridad: "en los sistemas de información de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) solo recoge de manera sistemática como información específica el del número de agentes de control presentes en el control, de acuerdo con la información contenida en el Formulario de Control de Dopaje desde el 1 de abril de 2021".

El certificado firmado por Manuel Sarmiento, que no recoge ninguna acotación de fechas para aseverar, de forma fraudulenta, que no hay positivos sin tramitar porque el control se hiciera con un sólo agente, revela que se pudieron consultar los formularios con anterioridad a esa fecha. También la documentación a la que ha accedido Relevo recientemente revela, de nuevo, una falsedad en la respuesta por parte del Gobierno. En la CELAD sí hay documentos anteriores a abril de 2021 que acreditarían multitud de controles realizados con un solo agente y que algunos de ellos, con resultado positivo en dopaje, no fueron tramitados por esa razón.

Sin embargo, aunque desde esa fecha se decidió no abonar ningún control realizado con un sólo agente, tal y como recogía la propia respuesta del Gobierno, no ha habido voluntad para seguir el mismo criterio con los controles realizados en los años previos sólo con una agente y recuperar la cantidad abonada con fondos públicos.

Manuel Sarmiento: firmante del certificado y en la casilla de salida

Este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba tres puestos de trabajo de libre designación dentro de la agencia española antidopaje. El del subdirector General del Departamento de Políticas de Prevención del Dopaje, puesto que ocupaba Carlos Peralta antes de acceder a la dirección de la CELAD y que debe ser cubierto; la de la Secretaria General, Montserrat Herranz, persona de máxima confianza del nuevo director y cuya plaza sale publicada porque, según indican fuentes del CSD a Relevo, se trata de un "formalismo" para que su plaza sea definitiva; y el del jefe del Departamento de Control de Dopaje, ocupado hasta ahora por Manuel Sarmiento, que según fuentes del CSD abandona la CELAD por motivos personales. Será el único directivo que no sigue del nuevo equipo formado hace seis meses por Silvia Calzón.

Según las mismas fuentes, los cambios se producen dentro de una reestructuración en la que Peralta trabaja para consolidar un proyecto durante el próximo ciclo olímpico, hasta 2028. Sin embargo, de momento la única salida que se producirá en el próximo mes será la de Manuel Sarmiento, quien firmó un certificado que acredita una falsedad con el objetivo de que la CELAD no reclame a sus exdirectivos los fondos públicos abonados a PWC, una empresa alemana, durante al menos cuatro años (2017-2020).

El turno ahora es del presidente del CSD, y como consecuencia también de la CELAD, José Manuel Rodríguez Uribes, que tiene en su mano la posibilidad de que el antidopaje español utilice correctamente su presupuesto, procedente de los fondos públicos, para perseguir un deporte más limpio aplicando un reglamento donde la arbitrariedad y la conveniencia desaparezcan para siempre. Fuentes del CSD aseguran que "la CELAD ha mostrado máxima colaboración para dar respuesta a los requerimientos de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas". Añaden, también, que "los servicios jurídicos de la agencia están analizando qué medidas corresponde adoptar con base a la legislación vigente". La CELAD necesita, con empeño e integridad, recuperar de nuevo su credibilidad.

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* La Comisión española para la lucha antidopaje (CELAD), invocando el ejercicio del derecho de rectificación de la L.O. 2/1984 con relación al artículo anterior se ha dirigido a este medio solicitando que conste que 1) según informe obrante en el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas evacuado por la Abogacía del Estado, en ningún caso la normativa aplicable hasta noviembre de 2023 exige expresamente que el servicio de toma de muestra hubiera de prestarse con participación de dos agentes. 2) Los certificados fueron evacuados para cumplir con el requerimiento que el Delegado Instructor nombrado en el Tribunal de Cuentas dirigía a la CELAD y no para neutralizar la denuncia de un particular, y sólo se refieren a las 29 misiones a las que se refirió el Delegado Instructor. 3) Carece de base la afirmación de que la CELAD se esfuerce en diferenciar entre una vieja y una nueva CELAD. Sencillamente se han prestado los servicios de toma de muestras por PWC y con base en ellos, en general se han abierto los procedimientos sancionadores respectivos.