El Valencia, en una encrucijada de caminos por la imputación de Rafa Mir... que llega hasta Sevilla

El pasado 3 de julio, Valencia y Sevilla cerraban un acuerdo para que el futbolista Rafa Mir jugara en el club che en calidad de cedido durante esta campaña con una opción de compra de 5 millones de euros. Ponían así fin a un "culebrón" que comenzó en el mercado de invierno y que terminó el pasado verano con una alianza entre ambos clubes y el jugador. Finalmente el Valencia asumiría el importe completo de la ficha del jugador, que rebajó su salario de 3,8 millones de euros brutos, mientras que el Sevilla se encargaría de la amortización del mismo, que rondaría los 2 y los 2,5 millones de euros.

Dos meses después, el futbolista era detenido por un presunto delito de agresión sexual tras la denuncia de dos jóvenes. Tras 48 horas en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Patraix, el jugador llegó esposado hasta los juzgados de Llíria, donde pasó a disposición judicial. Después de responder a las preguntas de la jueza quedó en libertad provisional investigado por un delito de agresión sexual con "acceso carnal", recogida en el artículo 179 del Código Penal. Además, la titular del juzgado adoptaba las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Fiscal, y le imponía al futbolista la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, junto con comparecencias semanales en sede judicial y la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros respecto de las dos denunciantes.

Ante la detención del futbolista, el Valencia CF emitió a primera hora de la tarde un escueto comunicado: "En relación con las noticias de prensa aparecidas al respecto de la detención del jugador del Valencia CF, Rafa Mir, el club es conocedor de dicha detención y, a falta de detalles sobre la misma, por el momento únicamente puede manifestar que colaborará en todo aquello que la justicia pudiera requerir".

Más allá de la primera reacción, al menos de forma oficial, desde el club ha habido silencio administrativo. Según desveló Relevo, las intenciones en el Valencia CF ahora pasan por liberar al futbolista de los entrenamientos durante unos días -desde ayer jueves hasta posiblemente el lunes- porque considera que no está en condiciones de incorporarse, y así ganar tiempo para recopilar todos los detalles y analizar la situación.

A falta de conocer las intenciones del club, que sí considera que se encuentra inmerso en una "crisis reputacional", habría varios escenarios respecto a su relación laboral con el jugador en este nuevo contexto. Si Valencia y futbolista consideraran que la mezcla de lo jurídico y lo sociológico hiciera poco aconsejable que siguiera en sus filas, "podrían llegar a un acuerdo que rescindiera el contrato", afirma Emilio Cortés, abogado penalista.

Respecto a los reglamentos de régimen interno, "es posible que el Valencia tenga uno en el que se especifique que ante este tipo de conductas se pueda extinguir la relación laboral". En ese caso "podría dar resuelto de forma unilateral el contrato de cesión del jugador anticipadamente", explica Cortés. En ese caso, "el futbolista regresaría a la disciplina del Sevilla". Sin embargo, el club hispalense podría reclamar una indemnización al club che por la rescisión del acuerdo tras el regreso de un jugador con el que no contaba para esta temporada. "El posible conflicto que pudiera dirimirse sería entre los clubes, pero no con el futbolista", señala Cortés.

Si el código ético del Valencia incluyera dichas cláusulas, serían válidas porque se habrían aceptado previamente en un contrato firmado por ambas partes, pero también contrarias al principio de presunción de inocencia, por el que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

La situación actual del jugador es determinante. En este momento, se le investiga por un presunto delito de agresión sexual, pero aún queda la fase de instrucción, que acaba de comenzar. Después de la investigación, la jueza podría archivar la causa o dictar un auto de apertura de juicio oral si considerara que existen indicios de delito. Durante todo el proceso, tanto las medidas cautelares adoptadas por la magistrada como la condición de los acusados, pueden cambiar.

En caso de que la jueza decretara en algún momento "prisión provisional" para el jugador, "según el Estatuto de los Trabajadores, el contrato quedaría suspendido, no extinguido", añade Cortés. "El Sevilla estaría facultado para la extinción del contrato por despido disciplinario procedente, sólo en caso de que quedara demostrada la comisión del delito y Rafa Mir fuese condenado por sentencia firme con entrada en prisión", pues el mismo texto señala que en ese caso "las faltas de asistencia no son justificadas, y por tanto, se incumpliría la relación contractual", explica. En el caso de Rafa Mir, que tiene contrato con el conjunto hispalense hasta junio de 2027, "no sólo no hay aún sentencia condenatoria, sino que por el momento ni siquiera está sujeto a prisión provisional", finaliza Cortés.

A nivel deportivo, si desde el club consideraran que el jugador no está en las mejores condiciones para jugar, el entrenador podría decidir no convocarle para los encuentros que dispute el equipo -ya fuera en las filas del Valencia o del Sevilla-. Preguntado por esa cuestión, Emilio Cortés razona que "el jugador no tendría nada que reclamar, pues el técnico podría fundamentar su decisión en el bajo estado anímico del futbolista, que en este caso no sería nada desdeñable". "El entrenador tiene la facultad discrecional de convocar o no a un jugador. Otra cosa diferente sería que no le dejaran entrenar, porque en ese caso sí se estaría cercenando el objeto del contrato. Pero si no le convoca, no habría anomalía", añade.

Más allá de la relación contractual entre club y jugador, se podría plantear una situación en la que las víctimas quisieran acudir a Mestalla u otros estadios para ver en directo partidos de fútbol. ¿Estaría incumpliendo en ese caso el futbolista la medida cautelar dictada por la jueza que le prohíbe acercarse a las víctimas a menos de 500 metros? Toca mirar al artículo 35 de la Constitución, que recoge que "todos los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo". Cortés asegura que se produciría un "conflicto entre el derecho fundamental al trabajo y el derecho fundamental a la integridad, a la salud o a la vida de las presuntas víctimas, que es el objeto de la medida cautelar. En este caso entiendo que no habría quebrantamiento de condena, pues no hay peligro efectivo y cierto que desprotejan a las denunciantes, por lo que prevalecería el derecho al trabajo". Es lo que se conoce como "derecho de ponderación". Cuando se confrontan dos derechos de dos personas, "hay que ponderar cuál prevalece".

El club cuenta con un precedente, el de Santi Mina, que fue denunciado por abuso sexual en el verano de 2017, y finalmente condenado a cuatro años por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2022. En aquel momento, el jugador que quedó en libertad e inicialmente no se le imputó la comisión de ningún delito, por lo que desde el club valencianista decidieron que continuara con normalidad su actividad como futbolista dentro del equipo.

En 2019 regresó al Celta de Vigo, que apartó al futbolista de sus filas finalmente en cuando TSJA confirmó su condena. Sin embargo, como Mina recurrió la sentencia al Tribunal Supremo y, por tanto, la sentencia aún no es firme a la espera de recurso, exigió al club, a través de un burofax, su reincorporación a los entrenamientos del primer equipo. Con todo, el club no le dejó participar de sus partidos de pretemporada y le buscaba una salida.

Y así fue. Ese mismo verano, en agosto de 2022, el futbolista, que se encontraba en libertad por la falta de sentencia firme a pesar de la petición de su ingreso en prisión por parte de la acusación de la víctima, salió cedido al Al-Shabab saudí. Regresó al Celta tras completar la temporada, donde fue despedido dos meses después.

El Valencia CF, alertado por sus patrocinadores, considera que se encuentra ante una "crisis reputacional" y decidirá en los próximos días, posiblemente el lunes 9, cómo reacciona ante la nueva situación tras la imputación de un delito de agresión sexual a Rafa Mir. Mientras tanto, el jugador ha asegurado a través de un comunicado de su abogado Jaime Campaner Muñoz que "niega tajantemente los hechos por los que se le investiga", a la vez que exige que "debe respetarse su presunción de inocencia".