Los matices del control económico y las teorías de conspiración de la cautelar a Dani Olmo: no es Pedro León ni el Reus ni el Elche

El 'Caso Olmo' ha levantado ampollas. Son muchas las voces que, como la de Javier Tebas o algunos miembros del Partido Popular, han puesto en entredicho la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de conceder la medida cautelar y urgente que pidieron tanto el FC Barcelona como Dani Olmo y Pau Víctor, los futbolistas implicados, para suspender la cancelación de sus licencias mientras la Secretaría de Estado para el Deporte resuelve, de forma definitiva —tienen hasta tres meses— el recurso presentado.

La cancelación de las licencias que llevó a cabo la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación entre la RFEF y LaLiga, cuyas competencias puso en duda en su escrito el club blaugrana y el CSD aceptó como una posible causa de nulidad del acuerdo para conceder la cautelar, tienen más que ver con una cuestión formal de requisitos y plazos, estos últimos recogidos en el Reglamento General de la RFEF, que con un posible incumplimiento por parte del FC Barcelona del Control Económico que supervisa LaLiga. Pero vayamos por partes.

El viernes 3 de enero la propia Liga comunicó, en la misma nota informativa con la que trasladaban que la citada comisión impedía la reinscripción de los futbolistas, que el Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga había resuelto ampliar el límite salarial del FC Barcelona desde ese mismo día, al cumplirse los requisitos por parte del club. Joan Laporta, con la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou, había salvado otro match-ball.

La oficialidad confirmaba que el problema del FC Barcelona había sido una cuestión de incumplimiento de los requisitos sobre la documentación presentada y de plazos, pues LaLiga regula las temporadas en materia económica por año natural; es decir, hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, tres días después el club catalán amplió la documentación aportada. Tras la pertinente revisión, LaLiga informó que el FC Barcelona cumplía con la normativa de Control Económico que todos los clubes deben acatar.

Pero LaLiga ya había cancelado la licencia de los futbolistas. De hecho, se valoró en su momento conceder una moratoria al FC Barcelona para la presentación de la documentación, aunque el club blaugrana el mismo día 31 negó haberla pedido. Aquello hubiera evitado la situación de asfixia burocrática en la que vive casi permanentemente Joan Laporta al frente del club. En este punto, según el Reglamento General de la RFEF —en sus artículos 130.2 y 141.5— aunque no se incluyeron en la normativa federativa precisamente para estos supuestos, impide que "un jugador cuya licencia se cancele pueda, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuviera vinculado".

Por ello, por una cuestión de plazos y requisitos mucho más exigentes que LaLiga tuvo que endurecer tras la experiencia con palancas pasadas del Barça para inscribir jugadores —como la de venta del 40% de Barça Studios—, el club blaugrana tuvo que recurrir al CSD para la reinscripción (cancelación de la suspensión de las licencias) de Dani Olmo y Pau Víctor, al menos de forma provisional, a pesar de que actualmente cumple con la normativa de Control Económico de LaLiga.

Hace justo 10 temporadas, LaLiga impidió la inscripción de Pedro León, entonces jugador del Getafe, porque el club madrileño no tenía margen salarial para meterlo en su plantilla, que en aquella temporada, la 2014-15, se fijaba en 17 millones de euros. Tan sólo dos años después de que el fútbol acordara implantar un control económico que lo llevara a la sostenibilidad, el futbolista no pudo jugar porque, tal y como reconoció el propio presidente azulón, Ángel Torres, tuvieron que "asumir la responsabilidad de quedarse con 21 jugadores y no con Pedro y 14 más" debido a la masa salarial del club por entonces.

Pedro León, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) demandó en un tribunal de lo mercantil, y aunque en un primer momento la justicia ordinaria le concedió la cautelar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor de LaLiga y, por tanto, se quedó sin ficha. Tras aquel caso, el Gobierno modificó la ley para que LaLiga tuviera una posición de dominio en el control económico.

Un año después, el Elche también sufrió las consecuencias de la nueva normativa de Control Económico implantada hace ahora 12 años. ¿Qué ocurrió entonces? Que el club descendió administrativamente por incumplir sus obligaciones de pago con la Agencia Tributaria. Entre las medidas supervisadas por LaLiga estaba —y está— que todos los clubes antes de cobrar el dinero procedente de los derechos de televisión han de aportar un certificado de que están al día con Hacienda y la Seguridad Social. En aquel momento, el Elche incumplió y los estatutos se acataron a rajatabla.

En enero de 2019, en plena temporada, el Juez de Disciplina Social de LaLiga expulsó al Reus —que entonces militaba en la Segunda División—, además de imponerle la prohibición de participar durante tres años en la competición y una multa económica de 250.000 euros. LaLiga había detectado durante la segunda vuelta de la temporada anterior (2017-18) incumplimientos del Reus con la Agencia Tributaria. Entonces, le abrió un expediente e impuso al club tarraconense el importe mínimo de gasto en la plantilla para la temporada siguiente. Sin embargo, aunque el Reus consiguió una financiación para saldar la deuda del curso anterior, sobrepasó el límite de salarios también durante la 2018-19 en 1,3 millones de euros. Ante la gravedad de los hechos y la reincidencia, LaLiga volvió a ejecutar los estatutos y el club catalán no pudo disputar la segunda vuelta.

Tanto en el caso de Pedro León como con el Elche o el Reus, los clubes no cumplían la normativa de Control Económico y LaLiga hizo efectiva la sanción correspondiente a cada caso. Incluso en el más similar, el de Pedro León, el Getafe no amplió la masa salarial del club que hubiera facilitado, como ahora con Dani Olmo y Pau Víctor, la inscripción del futbolista.

En el 'Caso Olmo' no ha habido sanción y el FC Barcelona sí consiguió ampliar su límite salarial como comunicó la patronal días después. Sin embargo, la exigencia en los requisitos y los plazos han llevado al club catalán, que apuró los tiempos, al borde del precipicio. Tras la primera decisión provisional del CSD de otorgar la cautelar por los perjuicios que pudieran causar en los jugadores, toca esperar a la resolución final para conocer si, ahora que el club catalán sí cumple con la normativa común al resto de clubes, los jugadores pueden seguir en su plantilla o bien se prioriza el Reglamento General de la RFEF tras la cancelación de la licencia por parte de LaLiga.