La difícil independencia del TAD y los muchos poderes que ven injerencias de los otros

Miguel Cardenal fue el secretario de Estado que ideó el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). En 2014 condensó en un mismo órgano lo que antes eran dos, uno dedicado a la disciplina deportiva y otro pensado para cuestiones relacionadas con trifulcas federativas. Un año más tarde, en una entrevista en la Cadena SER, el mandatario afirmaba no tener "la menor idea" de lo que ocurría en el TAD. Era clave remarcar la independencia del recién nacido órgano. Con los años, llegarían muchas voces a señalar todo lo contrario.

"Muchas veces me entero de sus resoluciones por los medios. No existe dependencia con el CSD y, en ocasiones, ha dictaminado resoluciones con las que hemos manifestado nuestro disgusto", llegó a declarar Cardenal. En aquella entrevista incluso remarcó una distancia física con el órgano, recordando que el tribunal se reunía en la calle de Ferraz, en una oficina independiente, y no en la sede del CSD.

La localización del TAD, sin embargo, hace tiempo que abandonó la oficina de Ferraz y los miembros se reúnen en la sede del Consejo en la calle Martín Fierro, a veces de manera telemática, que es lo más común en tiempos recientes. Eso no quiere decir demasiado, no deja de ser una cuestión aspectual, pero si se pregunta uno a uno a los distintos actores del deporte español, más incluso a los del fútbol, las dudas sobre la independencia del TAD son variadas.

El tribunal es, en principio, autónomo en su funcionamiento, aunque no lo es en el nombramiento de sus participantes. Dice el texto que lo establece que cuatro de sus miembros serán designados a propuesta del propio CSD y otros tres llegarán a propuesta de las federaciones. Los propuestos tienen que cumplir criterios objetivos, bien ser funcionarios de nivel A1, cuerpos docentes universitarios, o que tengan la categoría de Magistrado excedente o Fiscal excedente. Los distintos nombramientos se debaten, habitualmente sin trabas, en la Comisión Directiva del CSD. El hecho de que buena parte de los miembros sean designados por el Consejo es una carga que siempre tendrá el TAD, pues no deja de ser difícil la independencia en esas circunstancias.

Hay ejemplos de disenso contra algún miembro desde el propio nombramiento, aunque no es lo habitual. Una muestra de ello es una reunión de febrero de 2020 se nombraron cuatro miembros para el TAD, pues tocaba una renovación parcial —tienen mandatos no renovables de seis años— y en esa ocasión tanto Javier Tebas como David Aganzo votaron en contra de los nombramientos —Eva María Fernández, Beatriz Rodríguez, Pilar Juárez y Santiago Areal— porque consideraron que no se les había pasado con suficiente antelación el CV de los propuestos y que se había hablado de una criba de nombres hasta llegar a estos candidatos de la que no habían sido informados. Tebas, además, expresaba su rechazo a Beatriz Rodríguez al ser compañera de Tomás González Cueto, relacionado laboralmente con la RFEF de Rubiales —ahora imputado, tras ser detenido, en la trama de corrupción que investiga un juzgado de Majadahonda—. En otros muchos nombramientos, la mayoría, en las actas de la Comisión Directiva del CSD no constan quejas de los presentes en las reuniones.

Rubiales también ha tenido sus más y sus menos con el TAD, y de hecho en 2019 llegó a querellarse contra algunos de sus miembros al considerar que existía una prevaricación en su contra. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento y la Audiencia Provincial hizo caso omiso, por lo que la historia no fue adelante, pero lo cierto es que el dirigente de la RFEF trató de encausar a María Lidia García, Julián Espartero, Manuel Delgado, Jesús Avezuela y Cristina Pedrosa.

Sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, Pedro Rocha solicitó, sin éxito, la recusación de varios de sus miembros en tiempos recientes, pues consideraba que muchos de ellos no podían juzgar su inhabilitación como presidente. Este tipo de recusaciones o sospechas han sido constantes, también porque muchos de los vínculos tienen o han tenido vínculos con dirigentes deportivos. Recientemente ha habido dudas por Jaime Caravaca, instructor del proceso contra Tebas y sobrino de Ramón Caravaca, socio de Tomás González Cueto y cercano al rubialismo.

El CSD a veces tiene éxito en sus sugerencias, otras no tanto. Hace un año, cuando el caso de Rubiales estaba en plena ebullición, poco después de la final del Mundial Femenino y la Asamblea en la que se negó a dimitir, el TAD calificó el expediente abierto contra Rubiales como "grave", en lugar de "muy grave". La diferencia es importante, pues solo en el segundo caso la Comisión Directiva del CSD puede suspender provisionalmente a un dirigente. Una rueda de prensa del secretario de Estado en aquel momento, Víctor Francos, dejó bastante claro que querían actuar con contundencia, pero la calificación del TAD les impidió hacerlo. Eso significó que el Gobierno no pudo apartar al presidente de la RFEF y tuvo que ser la FIFA la que le arrebatase todo su poder.

También es común que las votaciones muestren dos bloques enfrentados y que sea el presidente el que decida con su voto de calidad. Entre los muchos que se cuentan como influyentes en el tribunal también se suele nombrar a Alejandro Blanco. El presidente del COE no deja de ser elegido por las federaciones, a las que siempre defiende en público y que son las encargadas, cuanto menos, de aportar tres de los nombres que componen el tribunal.

Ahora las dudas vienen desde LaLiga. -El juez instructor, miembro del TAD, no ha dejado presentarse a 37 clubes en el procedimiento de expediente contra Tebas, aunque estos sí han podido formar parte de la causa judicial que ha supervisado temas similares. El CSD pasó al TAD la denuncia contra Tebas entre otras cosas porque, en el pasado, la Audiencia reconvino al Gobierno por no elevar las denuncias que les llegaban. Desde entonces las distintas denuncias que llegan al CSD pasan con mayor diligencia al órgano de arbitraje. Porque es función del Consejo llevar los casos.

Ser miembro del TAD es atractivo por el prestigio jurídico que comporta formar parte de una institución así, pero tiene sus problemas. Lo que ganan es prácticamente nada, una dieta baja que comporta poco para juristas de prestigio que normalmente son funcionarios de carrera de primer nivel y con sueldos bastante altos. Además, la historia demuestra que es corriente que se encuentren demandas por prevaricación de algunos afectados, cuestiones que pasan a la justicia ordinaria y les puede suponer riesgos importantes.