Los antecedentes de la justicia acercan la cautelar a Rocha y dejan entrever una sanción mínima sin destitución para Tebas

Se acerca la hora de la verdad. Y aunque agosto es el mes del sigilo y la calma, mayormente por las vacaciones y al tratarse de un mes en el que los tribunales donde se acumulan los asuntos deportivos sólo atienden casos de máxima urgencia, la procesión va por dentro. Y aquí se da una curiosidad. Mientras el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, y el de LaLiga, Javier Tebas, son optimistas con sus futuros aunque están tensos, en las instituciones que dirigen hay más nervios y se manejan todos los escenarios posibles por lo que pueda suceder con las posibles inhabilitaciones, por improbables o injustas que les parezcan. No hay más que hacer unas llamadas a los integrantes de sus Guardias de Corps, ahora hermanas por estos y otros asuntos en una nueva era sin Luis Rubiales, para comprobar que este verano tampoco falta el estrés.

Los detalles delatan a algunos directivos. Todo el mundo conoce a esta hora los diferentes realidades a las que se enfrentan, los pasos a dar si salta la sorpresa, lo que dice la ley, qué artículos de sus respectivos estatutos se deben activar, qué nombres propios tendrían que dar un paso al frente y cuáles serían los mecanismos de los que echar mano y los siguientes botones que activar para devolver la estabilidad a sus casas llegado el caso. Un cambio en el sillón presidencial de un trasatlántico no es ninguna broma ni es una simple cesión del testigo como sucede en una comunidad de vecinos. LaLiga coordina a 42 clubes profesionales y maneja unos ingresos de casi 3.500 millones de euros, mientras que la RFEF tiene casi un millón de licencias y disparó su presupuesto hasta los 392,1 millones de euros.

Sin embargo, tanto Rocha como Tebas, y sus entornos más cercanos, tienen fe en que nada ni nadie les frenará. Entre otras cosas porque la jurisprudencia está de su parte. Esto es, según la Real Academia de la Lengua (RAE), el conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen, así como el criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. En el caso del presidente de la RFEF, el Juzgado Central de lo contencioso ha dado en otras ocasiones cautelarísimas (sin escuchar a la otra parte) o cautelares (escuchando a todas las partes) incluso en los meses de agosto, así que analizando todos los antecedentes se entiende que es más que probable que le den lo que pide por pura semejanza cuando, además, lo que está en juego es poder presentarse como candidato a unas elecciones que se convocarán el próximo 10 de septiembre. Tebas, de la misma manera, tiene la certeza de que en otras ocasiones el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que es donde ahora mismo se estudia el expediente "muy grave" que le abrieron, ha impuesto sanciones muy leves de apercibimiento o, como mucho, de pocos meses en casos casi iguales que el suyo. El expediente habla "de dos meses a un año" y los expertos consultados por Relevo aseguran que no debería suponen más allá de una amonestación leve.

Aun así, en Las Rozas, sede de la RFEF, y en la Calle Torrelaguna, donde reside la patronal, incomoda tanta incertidumbre, ven la mano política por detrás de todo -deslizando que la independencia judicial no es tanta- y hay quien se pone en lo peor con diferencias evidentes. En la Federación hay división sobre la conveniencia de que Rocha siga o no, y ven más gravedad en el asunto a dilucidar en los tribunales ordinarios. Rocha se expone a una sanción de dos años (la instructora del caso llegó a pedir hasta seis y que tuviera -sin éxito al final- efectos en la Comisión Gestora) y, si no se salva tras enfrentarse ahora cara a cara a los siempre temibles Abogados del Estado, más allá de su final de trayecto como presidente se abriría un futuro con varios candidatos interesados en aterrizar en la Ciudad del Fútbol con unas elecciones en septiembre que serán convocadas en 20 días. Mientras, en LaLiga hay consenso a favor de Tebas entre 37 de los 42 clubes profesionales y afrontan el problema como algo sin demasiada importancia real. "Puede que le inhabiliten, y es lo que algunos manejan, pero con la sanción mínima", reconocen voces internas de la máxima autoridad.

En el asunto que concierne a Javier Tebas, aunque se una probabilidad muy remota, habría un escenario que complicaría más las cosas. Si acaso fuera sancionado por ese periodo de tiempo anunciado en el expediente abierto por el TAD ("de dos meses a un año"), LaLiga tendría fácil su siguiente paso, y que no es otro que dar paso a uno de sus vicepresidentes durante ese corto periodo de tiempo. Miguel Ángel Gil Marín es el primero y Quico Catalán el segundo, aunque en breve deberán volver a elegirse estos cargos como marcan las normas cada dos años. Este rango en la dirección podría ir tirando con el día a día como señalan los estatutos de LaLiga en su artículo 38: "Los vicepresidentes ostentarán las facultades otorgadas al presidente en el artículo 33 en caso de ausencia, enfermedad o por expresa delegación de aquél". E incluso hasta se podrían delegar cualquiera de las facultades que se le confieren en el Director General Corporativo (Javier Gómez) o en la Directora Legal (María José López), debiendo comunicárselo a sus afiliados. Sin embargo, el expediente en cuestión habla también de "amonestación pública" -que de alguna manera ya la ha recibido- y lo más grave de todo: "Destitución del cargo". Eso supondría más complicaciones para un presidente que fue reelegido en diciembre por tercera vez (llegó a LaLiga en abril de 2013) y su próximo mandato se alarga hasta 2027.

Ya de por sí la inhabilitación sería suficiente para apartarle de sus funciones según el artículo 37: "El Presidente finalizará su mandato por alguna de las siguientes causas: 1/ Expiración del periodo para el que resultó elegido. 2/ Dimisión. 3/ Muerte o incapacidad física o psíquica que le impida desempeñar su cargo. 4/ Voto de censura aprobado en la forma que se establece en los presentes Estatutos. 5 / Sanción disciplinaria firme, que le inhabilite, impuesta por el órgano disciplinario competente. 6 / Condena firme por delito contra LaLiga o que lleve aparejada la suspensión o inhabilitación para ostentar cargo público. 7/ Incurrir en causa de incompatibilidad para el cargo, con arreglo a la ley o a los presentes Estatutos".

Y si fuera destituido, como cabe según el reglamento, la única vía para regresar a su puesto sería a través de unas nuevas elecciones. Pero dicha normativa dice que la destitución debe ser firme y esto significa que deben agotarse todos los posibles recursos, si Tebas los presenta, y eso puede llegar a dilatarse varios meses o incluso años. Así, aunque le sancionaran, podrían pasar ocho años o más hasta que sea firme: el recurso al Juzgado Central supone, sus las fuentes consultadas, uno o dos años; el recurso a la Audiencia Nacional de dos a tres; el posible recurso al Supremo, de dos a tres años más; e incluso Tebas podría acudir al Constitucional... Por poner un ejemplo: la sanción a Villar se resolvió en el Supremo el año pasado tras 6 años.

Por tanto, no es verosímil que debieran celebrarse unos comicios, que estaban predestinados para dentro de tres años, y se tuvieran que adelantar. Tanto si Tebas quisiera continuar en sus actuales funciones (aunque al llegar quiso limitar los mandatos, ahora siempre repite que hay muchos proyectos aún por ejecutar), como si se planta y decide dar el paso a un sucesor. De ahí que los clubes ya jueguen a proponer nombres (Quico Catalán siempre sonó como delfín y ahora está liberado sin presidir el Levante) y que el Gobierno esté moviendo sus hilos para poner a un sustituto que sea más de su cuerda y, por extensión y debido a las presiones, que comience una nueva relación más cómoda para el Real Madrid y Florentino Pérez, con el que LaLiga y Tebas lleva años de batallas judiciales.

Dos días después de ganar la Eurocopa, el 16 de julio, el TAD le inhabilitó dos años y multó con 33.000 euros por excederse en sus funciones cuando presidía la Comisión Gestora de la RFEF. En concreto, la inhabilitación fue por el despido de Andreu Camps, el secretario general. Rocha pidió medidas cautelares para evitar la ejecución de la sanción y poder presentarse a las elecciones en otoño. La Federación, que es la que tiene que ejecutar la sanción, se ha agarrado a la petición de esta cautelar para dejar en suspenso la sanción a su presidente. El origen del expediente está en una denuncia presentada por Miguel Galán, presidente de CENAFE, ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), que la elevó al TAD a finales de marzo. El 15 de abril, el TAD abrió expediente contra Rocha y el resto de miembros de la Comisión Gestora, que finalmente se quedaron fuera de la propuesta de sanción.

"El Sr. Rocha se propasó en el ejercicio de sus funciones, ejerció funciones de gobierno sin ser un órgano unipersonal de gobierno. Sus actuaciones no superan el juicio de la razonabilidad y deben calificarse de arbitrarias y groseras", rezaba el expediente del TAD con dureza, aunque rebajó la petición de seis años de inhabilitación de la instructora, que consideraba que el dirigente extremeño había cometido tres faltas muy graves. A la destitución de Camps se sumaba la rescisión del contrato con el despacho GC Legal (propiedad de Tomás González Cueto, asesor legal de la RFEF durante el mandato de Rubiales) y la personación de la Federación en el Caso Supercopa. Finalmente, el TAD sancionó a Rocha con una multa de 16.527,84 euros por cada una de las dos últimas decisiones (GC Legal y caso Supercopa) y mantuvo la inhabilitación de dos años por el despido de Camps que solicitaba la instructora.

Rocha presentó a la semana siguiente medidas cautelares en la sede central de los Juzgados de lo Contencioso en Madrid. Se ahorró el trámite de solicitar primero medidas cautelarísimas (mucho más rápidas pero mucho menos habituales a la hora de que un juez las conceda). Podían haber solicitado que se suspendiera la inhabilitación directamente, sin que el juez escuchase los argumentos del TAD, pero sus abogados (con Samuel Holgado al frente) intentaron el camino más realista, que es ese en el que, el juez tiene que estudiar los argumentos de ambas partes. Ahora, al ser sancionado por el TAD, le toca medirse a los Abogados del Estado, que serán los que defiendan los argumentos contra él ante el juez.

Después de esta sanción, Rocha ha desaparecido del mapa, dejó de acudir a la RFEF y se ha perpetrado en su extremeña casa familiar a la espera de acontecimientos. En los Juegos de París no hizo acto de presencia. María de los Ángeles García Chaves, alias Yaye, es quien le ha sustituido, aunque son Rafael Louzán (Galicia) y Pablo Lozano (Andalucía) son los que están teniendo más peso en las decisiones que se están adoptando (la inminente destitución de Francis Hernández, director de las categorías inferiores de la Selección) y los que están elaborando la hoja de ruta a seguir. El gran objetivo es unir las fuerzas en torno a las territoriales para que, llegado el caso de que Rocha no pueda presentarse, el candidato interno se imponga a uno externo en el que ya trabaja el Gobierno. Un escenario en el que varios barones volverían a exigir que primero se celebren elecciones a la presidencia y luego unas totales, como dice el artículo 31.8 de sus estatutos, como sucedió cuando se marchó Rubiales. Y si Rocha se presenta en septiembre gracias a la cautelar concedida, y luego con el paso del tiempo es sancionado -con recursos de por medio que retrasan y enredan todo-, que haya un delfín preparado.

En su caso, llevaba varios meses especulándose con esta posibilidad de inhabilitación y, finalmente, la decisión del TAD fue la de abrir expediente al presidente de LaLiga, tal y como adelantó Relevo el pasado mes de abril. Y, además, con la calificación de "muy grave", que es lo que inicia el proceso que podría desembocar en una posible sanción. Esta llegó apenas 15 días antes de que la presunta falta prescribiera.

El argumento, a primera vista, no parece demasiado contundente. Concretamente, el expediente es por convocar de urgencia una Asamblea (la que aprobó el acuerdo con CVC LaLiga Impulso) con ocho días de antelación, y no con 10 como se estipula en las normas. Una reunión que, además, no fue convocada por el presidente de LaLiga, sino por su adjunto en la patronal. El fondo de este asunto, un pacto de 2021 que implicaba que CVC se comprometía a inyectar 2.000 millones de euros a los clubes profesionales (a devolver en 50 años) menos a Real Madrid, Barcelona, Athletic e Ibiza (que se negaron) fue reforzado por la justicia en varias ocasiones tras el intento del Real Madrid e bloquearlo sin éxito en tres ocasiones.

Dicha Asamblea, celebrada el 12 de agosto 2021, terminó por no servir de nada ya que los clubes tuvieron que repetirla cinco meses después, en diciembre, en la que se corrigieron todos los posibles defectos de forma de la primera convocatoria. Aún así, el TAD decidió seguir adelante con la denuncia del Real Madrid y arranca ahora un proceso administrativo en el que Tebas tendrá que defenderse de estas acusaciones, por lo que el proceso podría alargarse durante meses.