La UFC recibe una demanda colectiva acusada de monopolio

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nevada publicó este miércoles la resolución en la que el juez federal Richard F. Boulware admitió a trámite, como "colectiva", la demanda que se presentó contra UFC en 2014. Al tener esa nomenclatura, casi 1.200 luchadores (todos los que hayan competido entre el 16 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2017) se podrán presentar contra la empresa por supuestas prácticas comerciales desleales.

La noticia podría suponer un importante revés económico para la UFC. Se estima que podrían reclamarle entre 800 y 1.600 millones de dólares. La demanda también podría cambiar el ecosistema de negociaciones y contrataciones de las MMA. Aunque desde la empresa declararon a ESPN que "recurrirán" la decisión y prevén un litigio de muchos años. De hecho, en diciembre de 2020 se actualizó la demanda y el juez aseguró en una conferencia telefónica que la aprobaría, pero la moción no fue presentada hasta este miércoles.

La demanda, que incluye a los exluchadores de UFC Cung Le y Jon Fitch, alega que la compañía es un monopolio y que han eliminado la competencia de otras promociones de MMA en un esfuerzo por reducir los salarios de los peleadores. De entre todas las peticiones, el Tribunal destacó tres puntos que han sido clave para que el proceso siga adelante y que ha detallado en X, anteriormente Twitter, el abogado especializado en deportes de contacto Erik Magraken.

En primer lugar, los luchadores acusan a UFC de establecer contratos opresores y abusivos, algo que ha generado importantes desacuerdos con algunos peleadores en los periodos descritos. En segundo lugar, debido a esos contratos abusivos, los demandantes manifiestan que los luchadores no pueden tener una agencia libre (quedarse sin contrato e ir al mejor postor). Por último, el Tribunal consideró la monopolización del deporte debido a que UFC ha ido comprando diferentes empresas de menor tamaño, lo que limita las opciones laborales de los luchadores. También hay que destacar que el Tribunal no admitió a trámite la parte en la que los deportistas aseguraban que UFC suprimió los derechos de imagen.

Esta noticia no es algo nuevo para UFC, ya que en 2016 el senador Markwayne Mullin, exluchador de MMA, pidió al congreso la aplicación de la "Ley Ali" también en las Artes Marciales Mixtas. La UFC se opuso argumentando que los problemas del boxeo no eran los mismos, aunque en realidad hay puntos que suceden actualmente de esta manera en UFC.

La ley se aprobó en el año 2000 para asegurar los derechos y garantías de los boxeadores. Desde ese momento, cada púgil debe tener un manager, que es quien negociará todo con las promotoras. Antes, las compañías podían promover y gestionar las carreras de los boxeadores, lo que le daba una importante ventaja a la hora de imponer lo que mayor beneficio le reportaba. Con esa ley se obliga también a informar a todas las partes de los contratos firmados, incluido un organismo estatal que lo supervisa. Por otro lado, los rankings no pueden ser hechos por las empresas promotoras, deben hacerlos organismos independientes (WBC, WBA, IBF y WBO) bajo criterios establecidos, evitando así motivos arbitrarios que beneficien o perjudiquen a alguno de los luchadores. Por último, esta ley también mejoraba las coberturas en cuanto a salud y legales de los púgiles.