Revolcón de la Abogacía del Estado a Real Madrid, Barça, Athletic y RFEF

"No ostenta el Consejo Superior de Deportes potestad de control sobre la gestión de derechos audiovisuales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional". Así de demoledora arranca la primera de las conclusiones de la Abogacía General del Estado ante la denuncia que RFEF, Real Madrid, Barcelona y Athletic Club pusieron en el CSD para frenar el acuerdo de LaLiga con CVC.

Cuatro puntos a los que ha tenido acceso Relevo, que echan por tierra la teoría de estos clubes de que el acuerdo es ilegal: el CSD no tiene potestad para controlar la gestión de recursos audiovisuales de LaLiga, tampoco aprecian la infracción que denunciaban, no puede el CSD requerir documentación sobre CVC y no tienen "pruebas que permitan el ejercicio de acciones civiles frente a LaLiga ni frente a los clubes que firmaron el acuerdo". Lo explicamos.

Vamos con el contexto: todos los clubes profesionales de fútbol van a firmar un acuerdo con CVC (LaLiga Impulso). Real Madrid, Barcelona y Athletic se oponen firmemente y, junto con la Federación Española de Fútbol, presentan una reclamación al CSD para intentar detener la firma. No les sale bien.

Estos, (es decir: el Gobierno), trasladan a su departamento jurídico la cuestión, y la Abogacía del Estado responde que no pueden controlar la gestión de derechos audiovisuales que hace LaLiga. Se firma CVC. Los tres clubes que la rechazan vuelven a insistir y terminan llevándose otro revolcón con otro informe de la Abogada General del Estado que, el 1 de julio de 2022, elabora estas cuatro conclusiones.

Cuatro puntos muy contundentes: No pueden controlar la gestión de derechos audiovisuales que haga LaLiga, no "cabe apreciar" la infracción prevista (que denunciaban los clubes contrarios a CVC), no puede el CSD requerir la documentación del acuerdo y no tienen elementos de prueba que permitan el ejercicio de acciones civiles contra el acuerdo firmado.

Un revolcón a las aspiraciones de Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y RFEF que venía a sumarse a otros dos: habían solicitado medidas cautelarísimas y cautelares a un juzgado ordinario, que tampoco les fueron concedidas.

A pesar de que este informe que respalda decisivamente el acuerdo de LaLiga con CVC tiene fecha del 1 de julio, ha llegado a manos de los clubes hace apenas quince días. ¿Cómo es que ni el CSD, ni el Ministerio, ni el Gobierno, ni la RFEF han hablado de la existencia de este informe antes? Sobre todo porque, mientras, se ha calificado de "ilegal" el acuerdo, aunque sabían que no lo era.

Hasta el propio Florentino Pérez ha tildado el acuerdo de LaLiga Impulso como "ilegal", a pesar de que todos los intentos que han llevado a cabo para que así sea han terminado con un portazo. La Abogacía del Estado por dos veces y los tribunales al no encontrar indicios y rechazar las medidas cautelares.

El revolcón no queda ahí: este segundo informe de la Abogacía del Estado reconoce, además, muchas competencias a LaLiga que el Real Madrid había estado discutiendo en los tribunales al resto de clubes profesionales durante los últimos años.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en una entrevista publicada en el diario El País, también alude a una presunta ilegalidad del acuerdo de CVC que, por el momento, no ha sido confirmada por ninguno de los tribunales a los que se ha presentado. "¿Ahora el Gobierno y el principal partido de la oposición van a cambiar las reglas de juego y tratar de convertir en legal lo ilegal?", ha dicho.

En medio de todo este contexto llegan los trámites finales a Ley del Deporte. Los clubes de fútbol acuerdan unas enmiendas a la Ley con el PP y el PSOE que ambos partidos políticos, a última hora, retiran sin dar la más mínima explicación.

Todos ven la sombra de presiones por parte de Florentino Pérez. Algo así vino a decirle el secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, a varios presidentes la semana pasada: "Florentino puso sus líneas rojas a la Ley en el CSD", refiriéndose a una supuesta conversación del presidente madridista con el Director General de Deportes, Albert Soler.

Y es ahí donde está ahora la "batalla" ahora, 39 de 42 clubes profesionales quieren que la Ley del Deporte tenga unas enmiendas que les protejan en tres puntos clave: explotación de derechos, aplicación de normativas y protección frente a la Superliga.

Para muchos clubes, la relación entre el informe favorable al acuerdo con CVC y las supuestas medidas de presión para que PP y PSOE retirasen las enmiendas a la Ley del Deporte son evidentes y la causa de que se haya generado toda esta crisis que puede terminar con un parón patronal de la Liga.

Dentro de estos tres puntos está, claro, respaldar un acuerdo de CVC contra el que la Abogacía del Estado no encontró y pega. De nuevo Víctor Francos, el hombre fuerte en la sombra para la Ley del Deporte, la persona que ha trabajado todo este trámite para el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, dejó entrever que el acuerdo con CVC parecía difícil de mover: "Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es que la Ley quede para que CVC, o lo que venga, sigan", les dijo a unos presidentes en una conversación informal.

Ahora el caso está en un juzgado de Madrid, sin medidas cautelares, y tendrá que ser un juez el que decida sobre la legalidad del acuerdo con CVC que, de momento, sólo estos tres cubes y la RFEF han puesto en duda. Sin demasiado éxito, por ahora.

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