Amenaza de denuncia a Víctor Francos por posible delito de prevaricación con la Federación

A pesar de que ha disminuido algo el ruido mediático de la guerra en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los involucrados siguen solicitando cambios y reclamando su sitio. Uno de ellos, Miguel Ángel Galán. El director de CENAFE y precandidato a la presidencia -como él mismo se proclama en caso de que se realicen ya-, presiona a través de los organismos oficiales para que se abran las urnas de inmediato y no se espere a 2024, que es cuando la RFEF y el Gobierno pactarán los comicios. El pasado mes de septiembre denunció a Pedro Rocha y a toda la Junta Gestora de la RFEF. Una vez ha visto que su primer movimiento burocrático no ha surtido efecto, ha querido redactar un nuevo escrito oficial, al que ha tenido acceso Relevo, en el que amenaza a Víctor Francos, presidente del CSD, con denunciarle por un posible delito de prevaricación administrativa por omisión.

Galán se basa en la jurisprudencia tanto de los estatutos de la RFEF como de la ley española para afirmar que el jefe del Consejo Superior de Deportes está obligado a elevar la denuncia a Pedro Rocha al TAD al haber cometido una "infracción en la normativa disciplinaria deportiva".

"Cuando el Presidente del Consejo Superior de Deportes tenga conocimiento de eventuales irregularidades electorales o incumplimientos de obligaciones en esta materia susceptibles de ser tipificadas como infracciones a la normativa disciplinaria deportiva, en virtud de denuncias formuladas por interesado o por cualquier otro medio, comunicará las mismas al Tribunal Administrativo del Deporte pudiendo instar la incoación del correspondiente expediente sancionador", firma apoyándose en la Disposición Adicional Cuarta de la Orden ECD/2764/2015

"Le recuerdo que el no cumplir con sus deberes legales, podría cometer un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión, por eso se envía esta comunicación para que si insiste en su omisión de la obligación de trasladar mi denuncia al TAD se de la condición de "a sabiendas", es decir usted no podría alegar el desconocimiento de que tiene el imperativo legal de trasladar mi denuncia al TAD, y por tanto actuaría a sabiendas", añade.

Galán denunció a Pedro Rocha y a su Junta Gestora apoyándose en el artículo 31 de los estatutos de la RFEF y al considerar que habían cometido una "falta muy grave" por no haber convocado elecciones. "Si el Presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo; el que resulte elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido, siendo además de aplicación, en lo que a éste respecta, la norma que prevé el artículo 23.2, del presente ordenamiento", reza el artículo 31.8.

Añade que, según el artículo 12 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, la Comisión Gestora debería estar compuesta por seis miembros de la Comisión Delegada y seis miembros de la Junta Directiva, y la actual Junta Gestora no cuenta con ningún miembro de la Comisión Delegada.

Estos movimientos se suman a la petición que hasta cinco presidentes de Territoriales hicieron en su día de manera oficial el pasado 19 de septiembre. Ese día Paco Díez (Madrid), José Ángel Peláez (Cantabria), Salvador Gomar (Comunidad Valenciana), Pablo Burillo (Castilla-La Mancha) y Manu Díaz (Guipúzcoa) enviaron un escrito a la RFEF para que lo trasladara al CSD ante la duda sobre los estatutos: Tomás González Cueto, mano derecha de Rubiales, decía que las elecciones -primero a la Asamblea y luego a la presidencia- se tendrían que celebrar en 2024, mientras que el reglamento respalda que pueda haber elecciones antes a la presidencia.