Más leña al fuego de Luis Rubiales: imputado de nuevo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación
El expresidente de la RFEF está citado a declarar en Majadahonda el próximo 27 de febrero por presuntas irregularidades en la Asamblea de 2020 en la que se subió el sueldo.

Luis Rubiales sigue acumulando causas pendientes por la comisión de presuntos delitos durante su etapa al frente del fútbol español. El próximo 27 de febrero prestará declaración en calidad de investigado —lo que se conocía antes como imputado— en el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Majadahonda por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos por supuestas irregularidades en la celebración de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebrada en octubre de 2020 que supuso, entre otros acuerdos, su aumento de sueldo.
En la Asamblea, según reza el escrito de la denuncia presentada en 2022 por Gonzalo Azkárate, presidente de la Plataforma 2030 contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el Fútbol, se aprobó un cambio sustancial en la retribución del presidente de la RFEF. Hasta entonces, Luis Rubiales "cobraba una retribución fija de 160.000 euros anuales y además una retribución variable del 0,60% de los ingresos por patrocinios, con el límite del 0,175% de los ingresos propios de la RFEF", señalan. Sin embargo, "a partir de la asamblea general de la RFEF de 26 de octubre de 2020, el límite de la retribución variable se estableció en el 0,150%, pero no únicamente circunscrito a los ingresos por patrocinios como estaba hasta ese momento, sino de todos los ingresos de la RFEF, excluidas las subvenciones", lo que supuso un incremento considerable de la parte variable de su salario.
Aquella decisión fue aprobada en votación por la Asamblea General en la que participaron, según asegura Azkárate y ha podido confirmar Relevo, al menos "dos personas en representación de federaciones territoriales, a la que no asistieron como miembros natos los respectivos presidentes", sino en algunos casos "empleados de la RFEF", entre los que se encontraba otro de los denunciados, Ramón Emilio Alonso, también citado a declarar el próximo 27 de febrero en calidad de investigado. En aquel momento Alonso estaba vinculado a la Federación asturiana de fútbol (RFFPA) y a la propia Federación nacional, pues era proveedor de ambas y, además, empleado de la RFEF.
Las comisiones de Rubiales, «absolutamente ilícitas»
La denuncia considera que la aprobación del cobro de comisiones por la Asamblea a favor de Luis Rubiales son "absolutamente ilícitas en la forma y en el fondo, pudiendo constituir ilícito penal". "Según las normas federativas, no se pueden cobrar comisiones por funciones comprendidas en las obligaciones del cargo que se ostenta", recoge el escrito. Se refiere al Código Ético de la RFEF —aprobado por unanimidad por la Comisión Delegada en 2019—, que en su artículo 24 señala que "las personas sujetas al presente código no aceptarán, entregarán, ofrecerán, prometerán, recibirán, pedirán o solicitarán comisiones, en su beneficio o en el de terceros, por negociar o cerrar acuerdos u otras transacciones en relación con sus funciones".
¿Votaron los presidentes territoriales como dice el reglamento de la RFEF?
La Asamblea General, el órgano superior de gobierno y representación de la RFEF, está compuesta, según los estatutos de la institución, por miembros natos y electos. Los primeros, aquellos cuyo título o cargo son inseparables de su función o persona, corresponden únicamente al presidente de la Federación y de las 19 Federaciones de ámbito autonómico integradas en la RFEF. Sobre el sufragio en la Asamblea, es el reglamento general de la RFEF quien se pronuncia. Tanto allá en 2020 como en la actualidad a pesar de haber sufrido varias modificaciones en los últimos años, señala con firmeza su naturaleza: "El voto es personal e indelegable".
La denuncia por la que ahora está imputado Luis Rubiales recoge que a la Asamblea General celebrada en octubre de 2020 no acudieron algunos de los 19 presidentes territoriales que hay. En lugar de algunos de ellos, en contra de ambas normativas federativas, asistieron y votaron el cambio en la remuneración de Luis Rubiales "empleados o personas con intereses mercantiles dentro de la Federación". Es el caso de Ramón Emilio Alonso López, quien intervino en representación de la Federación asturiana sin poder hacerlo, y quien "había emitido una factura" tan sólo 26 días antes de la celebración de la Asamblea, "por importe de 4.912,60 euros" correspondiente a "alojamiento página web septiembre 2.020" a la RFEF.
Tres investigaciones, nueve presuntos delitos, una detención y la petición de dos años y medio de prisión
Su nueva imputación, por la que se le investiga la comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos se une a la del caso 'Supercopa Files' que también se investiga en Majadahonda, esta vez por la magistrada Delia Rodrigo, titular del Juzgado de Instrucción Nº4. Los contratos con Arabia y la sospecha de un posible retorno de comisiones al expresidente de la RFEF y varios ejecutivos federativos a través de un entramado empresarial, le llevaron a declarar en calidad de investigado por la comisión de los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal tras los registros derivados de la 'Operación Brodie', que supuso la detención de Rubiales a su regreso de República Dominicana.
Según ha podido saber Relevo, la jueza emitió al principio de este mes una Comisión Rogatoria Internacional al país saudí para identificar aquellas cuentas bancarias en las que figuren Luis Rubiales, Gerard Piqué y el resto de implicados en la trama, así como de todas las empresas del exjugador del FC Barcelona y el entramado empresarial creado, según los informes de la UCO, para el lucro personal. La magistrada solicita a Arabia también toda la documentación relacionada con el contrato de la Supercopa e información sobre la posible participación de Gruconsa en la construcción de un estadio de fútbol.
Rubiales, además, se enfrenta este lunes al inicio de la vista oral por el beso no consentido y las coacciones a Jenni Hermoso por el que tanto la Fiscalía y la acusación popular piden para él una pena de prisión de dos años y medio por los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. Su declaración, que será al final junto al resto de acusados —Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera— está prevista para los días 12, 13, 17, 18 o 19 de febrero, aún por calendarizar según se desarrolle el juicio.