RFEF

Competición abrirá un expediente extraordinario por el 'caso Vinicius' pero no podrá cerrar Mestalla hasta la 2023-24

La forma más rápida de sanción (sin recursos) implicaría un mes y medio, sin contar con los recursos, y todavía entraría el TAD.

Vista general exterior del estadio de Mestalla./EFE
Vista general exterior del estadio de Mestalla. EFE
Sergio Fernández

Sergio Fernández

Las palabras del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dejaron lugar a pocas dudas. "El Comité de Competición actúa de forma autónoma y yo estoy convencido de que sancionará", dijo. Hoy se reúnen y, con toda probabilidad, abrirán un expediente extraordinario por los sucesos ocurridos en Mestalla con los racistas que insultaron a Vinicius. Hasta aquí todo correcto. La evolución lógica de los hechos.

Pero también dejó entrever Rubiales un motivo de queja: "Esto requiere una respuesta firme de todos los agentes del fútbol. Muchas veces hemos encontrado que no nos han ayudado. La RFEF ha sancionado y estas sanciones no se han respetado. Las acciones de la RFEF quedaban invalidadas por los órganos administrativos competentes o en los que directamente se le ha quitado la competencia a la RFEF. Le pido a los clubes que no dilaten las sanciones, que no las demoren en el tiempo", explicó.

Y aquí está la clave de todo este asunto: la RFEF tiene la competencia para sancionar hechos como los ocurridos en Mestalla... pero no es la única: también las Delegaciones de Gobierno (a instancias de Antiviolencia) ostentan la capacidad de castigar. Y, no pocas veces, se solapan. Incluso "protegen" de forma administrativa a los clubes de sus regiones.

También ocurre, como dice el presidente de la RFEF, que los clubes sancionados, ya superada la indignación inicial y los focos, lejos de acatar las sanciones y colaborar con ellas (localizando a responsables o cerrando gradas), se dedican a pelear milímetro a milímetro para que todo quede en nada. Y, si tienen que cumplir una sanción, que sea lo más tarde posible y que prescriba, si puede ser.

La nueva Ley del Deporte agiliza

Por mucha prisa que se quisiera dar Competición de la RFEF, en un caso flagrante como el de Mestalla, con individuos identificados y reflejo de los hechos en el acta arbitral... la forma más rápida de llegar a una posible sanción se va a un mes y medio. Casi seguro que más.

El proceso burocrático es el siguiente: apertura de expediente, periodo de alegaciones, pliego de cargos con propuesta de resolución, alegaciones y resolución (sancionadora o no). Luego Apelación (de nuevo alegaciones) y dictamen final. 

Y no acabaría ahí. Según la antigua Ley del Deporte, después podrían recurrir al TAD. En un futuro será ante un Tribunal Arbitral, cuando se desarrolle reglamentariamente la nueva Ley del Deporte, que reduce drásticamente las alegaciones al TAD y permite una acción más ejecutiva por el Comité de Competición.

¿Y por qué no se puede aplicar todavía la nueva Ley del Deporte? Pues porque está en un proceso que se llama "desarrollo reglamentario". Mientras no se termine (puede durar más de un año, de momento llevan más de cinco meses...) lo que rige de manera transitoria es el sistema anterior. Es decir: podrían recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte.

Cuando la nueva Ley esté totalmente definida en su desarrollo reglamentario, algunos plazos se podrán acortar un poco, sobre todo en casos más o menos evidentes y con las herramientas legales necesarias que tiene este: "La diferencia que marca la nueva Ley del Deporte es dónde se recurre la sanción que te pone la RFEF. Ya no será en el TAD (aunque está pendiente del desarrollo reglamentario) y hasta que no se haga, todo sigue igual como régimen transitorio. Es decir, como hasta ahora: recurriendo al TAD", explica Irene Aguiar especialista en derecho deportivo Nebot y Páez Abogados.

¿Qué queda por delante ahora? Ver la reacción del Valencia. Para empezar ya han colaborado al 100% detectando a los responsables del suceso y retirándoles los abonos de por vida. Ahora entrarán en periodo de alegaciones y habrá que ver si prefieren asumir los hechos y la posible sanción, o priorizan utilizar las (muchas) herramientas administrativas que dilaten el caso hasta prácticamente hacerlo caer olvido.